Tribunales | Actualidad
OPERACIÓN PÚNICA

Una auditoría asegura que los municipios investigados deben 7 millones a Cofely

Un informe de parte elaborado por KPMG e incluido en el sumario asegura que siete de los ayuntamientos investigados adeudan 7 millones de euros a la empresa

Madrid

Tras el estallido de la trama Púnica, una de las empresas supuestamente implicadas, Cofely, decidió someter los contratos bajo sospecha a una auditoría externa, un análisis elaborado por KPMG cuyos resultados figuran en el sumario: según este informe, siete de los ayuntamientos madrileños bajo sospecha adeudan más de siete millones de euros (7.071.372 euros) a Cofely por los contratos investigados en la Audiencia Nacional, añadiendo además que el perjuicio económico para la empresa ha sido en total de más de nueve millones de euros (9.095.455 euros).

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Son las conclusiones a las que llega KPMG después de analizar el dinero invertido por Cofely en cada contrato, teniendo en cuenta también los importes facturados y los cobrados en cada una de estas adjudicaciones investigadas con Móstoles, Parla, Collado Villalba, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, Valdemoro y Moraleja de Enmedio. El consistorio parleño sería el que más dinero adeudaría a la empresa (2.705.458 euros), seguido de Móstoles (2.334.271) y Valdemoro (1.032.586).

El informe de la auditoría, realizado a instancias de la propia empresa y que forma parte del sumario, también cuantifica el “impacto económico” que cada contrato ha causado a Cofely, sumando en total un perjuicio de más de nueve millones. En este sentido, el mayor se lo habría causado el contrato firmado con Parla (más de 3 millones), seguido nuevamente de Móstoles y Valdemoro.

Los contratos analizados por KPMG a instancias de la entidad investigada son los que dieron su origen a la investigación de la operación Púnica, por haber sido supuestamente amañados en connivencia con la trama a cambio de comisiones, todos relacionados con el alumbrado público y la eficiencia energética: en el caso de Móstoles el contrato superaba los setenta millones de euros, y en el de Parla de más de sesenta.

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