Una jueza de Sevilla imputa a la directora general de Minas, María José Asensio
En un auto imputa a siete personas vinculadas al proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar
Sevilla
La jueza, Patricia Fernández, imputa por supuesta prevaricación a la directora general de Minas, María José Asensio, al interventor de la Consejería de Hacienda, José Marcos Acosta, y a una letrada de la Junta. Los cita a declarar el 17 de septiembre.
La jueza explica que llama a declarar a María José Asensio como responsable del procedimiento seguido para adjudicar la explotación de la mina de Aznalcóllar y como "firmante" del decreto por el que se resuelve el concurso.
También imputa a Julio Ramos, miembro de la mesa de contratación; Alberto Fernández y Juan José García Bartolomé, miembros de la comisión técnica; y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros de Minas de la Junta. Estas cuatro personas han sido citadas a declarar el 25 de septiembre.
Fernández insiste en que la empresa adjudicataria, Grupo Mexico-Minorbis, no cumplía los requisitos imprescindibles para superar la primera fase del concurso.
Los imputados deben aclarar por qué dicen que dieron por buena la solvencia económica de Grupo México cuando la testigo que, según ellos, realizó ese estudio económico lo niega y ha declarado que nunca informó de que la empresa ganadora del concurso fuera solvente porque carecía de conocimientos para pronunciarse sobre una empresa extranjera. Esta testigo también ha manifestdo que era imposible realizar un estudio de esas características en una reunión de tres horas.
La magistrada, que investiga la supuesta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar, llama también como testigo a Juan José Negro, la persona que firma el informe de la Policía. La jueza quiere "contrastar con él determinados aspectos del programa de gestión del ciclo de agua de la empresa adjudicataria Minorbis".
La jueza preguntará a los imputados por las "interrogantes", que se le plantean, relativas al plan de investigación de las empresas, que se hizo con distintos parámetros, y a las "incongruencias" en la valoración de los proyectos de explotación, evacuación de residuos y preservación de espacios protegidos.
El proyecto de la empresa ganadora no prevé una nueva depuradora o planta de procesamiento sino mantener la existente, "parece que en estado de semiabandono", apunta la juez.
