La Fiscalía denuncia a dos exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Les imputa los supuestos delitos de estafa procesal, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho por haber elaborado un informe "ilegal" que favorecía a los socios del segundo en un pleito contencioso con el Estado
Sevilla
La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra el destituido jefe de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Agustín Pastor; y contra el que ha sido hasta julio comisario de Aguas, Rafael Álvarez. Pastor supuestamente intentó beneficiar a la empresa Salto de la Breña, perteneciente a dos socios suyos, elaborando un informe para un pleito contencioso que mantenía con la administración. El informe fue firmado también por Álvarez. Según el fiscal, el documento estaba "al margen de todo procedimiento legal" y reclamaba hasta 15 millones de euros al Estado si se hubiera declarado compatible el aprovechamiento del pantano de Breña I con el de Breña II.
La Fiscalía denuncia al exjefe de Planificación por tres supuestos delitos: estafa procesal en grado de tentativa, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. Al excomisario de Aguas sólo le imputa la supuesta estafa procesal como colaborador necesario.
Los hechos ocurrieron en las Navidades del año pasado. En una semana Pastor redactó un informe con consideraciones jurídicas y técnicas para lo que no tenía competencia y sin que lo supieran ni la Presidencia ni la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ese documento recibió el visto bueno de Álvarez que lo visó aunque estaba de vacaciones y tuvo que desplazarse a la oficina de la Confederación en Córdoba. Todo ello sin que existiera urgencia y "pese a conocer su contenido y la radical contrariedad del mismo a los posicionamientos de la Administración".
Los dos, explica el fiscal, ocultaron ese papel tanto a los Servicios Jurídicos como al Presidente. Y no consta que se le diera "salida oficial" sino que fue entregado "por el propio denunciado a los interesados" y presentado por los abogados de Salto de la Breña en el juzgado contencioso número 6 de Sevilla. Ese procedimiento contencioso fue instado en 2010 por la Abogacía del Estado para que se declarase la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que había declarado nulo el rescate de la concesión que se le otorgó a Salto de la Breña. Tras la construcción del embalse de la Breña II el Estado quiso anular la concesión que tenía esa empresa para seguir aprovechando el Breña I, ya que el nuevo pantano dejaba completamente sumergido al antiguo y lo inutilizaba a efectos prácticos. Por ese motivo la antigua presa fue puesta en fuera de servicio por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2011.
El informe que hicieron los denunciados pretendía "pasar por ser la postura oficial de la Confederación", asegura el fiscal, beneficiando así a los empresarios y perjudicando al Estado. Si se declarara compatible el aprovechamiento de Breña I y Breña II el justiprecio a abonar por la Administración podría ser de hasta 15 millones.
