El juez recibe el informe definitivo sobre la trama Gürtel y Boadilla del Monte
La IGAE remite a la Audiencia Nacional un informe que detalla las irregularidades cometidas en 15 contratos públicos adjudicados entre 2001 y 2006 por valor de casi noventa millones
El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, llegando al TSJM / EFE
Madrid
Noventa y seis casas de protección oficial. La remodelación de una glorieta. La piscina municipal cubierta. Un informe técnico sin razonar. Una irregularidad en la mesa de contratación. Un arquitecto técnico contratado sin un procedimiento claro y transparente. Trato de favor a una promotora inmobiliaria afín. Trato de favor a un imputado.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya tiene encima de la mesa el informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre los negocios de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, uno de los municipios considerados como el centro de operaciones de esta red corrupta durante casi una década (1999-2009) mientras gobernó Arturo González Panero, entonces en el Partido Popular y conocido como ‘el Albondiguilla’, acusado de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos.
En un informe al que ha tenido acceso la SER, que llega ocho años después del comienzo de la instrucción del caso, la unidad de auxilio judicial de la IGAE – dependiente del Ministerio de Hacienda – detalla hasta quince contratos públicos suscritos por el Ayuntamiento de Boadilla y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) cuyos precios de licitación y estimaciones del valor del suelo involucrado rozan los noventa millones de euros: tres promociones urbanísticas que sumaban 233 viviendas, 137 trasteros y 200 plaza de aparcamiento, la limpieza de zonas verdes y jardines del municipio, el servicio de recogida de basuras, el servicio de atención al ciudadano, la piscina municipal cubierta y un colegio público de enseñanza primaria con gimnasio y comedor, entre otros. Un botín repartido entre empresas afines de la trama como Hispánica o Easy Concept.
El contrato más voluminoso sobre el que pone la lupa la IGAE es el de 33 millones de euros, desembolso a una junta de compensación correspondiente a una parcela de doce mil metros cuadrados, donde podía construirse un máximo de 139 viviendas de cuatro plantas de altura. Una enajenación del año 2005 que aprobó en última instancia Francisco Granados como consejero de Presidencia y que cayó del lado de la empresa UFC, inmobiliaria del imputado José Luis Ulibarri. Aquí la IGAE detecta una serie de irregularidades que se repiten de forma transversal en todos los contratos investigados: “Es preciso valorar el poco valor que se le da a la oferta económica, un 30%, único criterio objetivo que debería ser un criterio principal”. También explica que “el pliego establece conceptos genéricos y sin baremar” y por último que el informe técnico del contrato no explica la puntuación que asigna a cada criterio, algo que lo hace “inadmisible por carecer de motivación”.
Según la IGAE, valorar tan a la baja las ofertas económicas y tan al alza otros criterios subjetivos posibilitó que la inmobiliaria de Ulibarri se llevase este contrato por delante de otros competidores: “La oferta que propone un menor plazo es UFC. Sólo esta propuesta le ha supuesto obtener una diferencia de 7,71 puntos, lo que le ha permitido superar la oferta de Lualca SA”, segunda en el concurso.
Es el ejemplo más abultado de los quince que expone la IGAE en este informe, el definitivo después de casi una década de investigación. Otra de las empresas que habrían sido supuestamente favorecidas en estas adjudicaciones es TECONSA, empresa investigada por la Audiencia Nacional: por ejemplo, en 2004 le fue adjudicada la construcción de 80 viviendas en una parcela de casi diez mil metros cuadrados por valor de más de trece millones de euros, y según la IGAE fue favorecida por un reparto arbitrario de la puntuación. “La valoración y asignación de puntos a las diferentes ofertas ni está justificada, ni está motivada”, afirma, para añadir que el arquitecto técnico del proyecto cobró más de 250.000 euros repartidos en tres contratos “sin que quede acreditado cuál ha sido el procedimiento, concurso o adjudicación directa seguido en su tramitación y adjudicación”. En el caso de otra promoción de viviendas protegidas del año 2001, TECONSA se llevó el concurso de once millones aunque según la IGAE si los procesos de puntuación hubiesen sido menos arbitrarios el proyecto se lo habría adjudicado Construcciones Ortiz, otra de las promotoras que han sido vinculadas con la trama a lo largo de la investigación.
Algo menos sutil era el método empleado con Easy Concept en 2005, propiedad del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa: según la IGAE, el por entonces concejal de Hacienda Juan Siguero - posteriormente alcalde e imputado en 2011 – les envió por email los pliegos del contrato del servicio atención al ciudadano: “Juan Siguero le enviaba a Easy Concept con carácter previo mediante correo electrónico los Pliegos de Cláusula Administrativa y de Condiciones Técnicas, no sólo para que tuvieran conocimiento de los mismos sino para que propusieran las modificaciones que consideraran convenientes”. Un contrato de 560.000 euros que se terminó adjudicando la empresa de Correa.
Otra de las empresas favorecidas por el consistorio boadillense habría sido FCC en un contrato de recogida de basuras, detectando los investigadores “una desigualdad en el tratamiento de favor a FCC-SUFI, ya que es el único licitador que no ha presentado oferta base, cuando se le tenía que haber excluido”.
La lluvia en Boadilla
Las irregularidades detectadas por la IGAE no se ciñen sólo a los procesos de contratación: califica de “manifiesto fraude” el hecho de que, por ejemplo, TECONSA tardase varios meses más en construir un colegio de lo que marcaba su oferta inicial, y destaca que por ejemplo que el entonces concejal de Medio Ambiente, nuevamente Siguero, amplió un contrato de mantenimiento de zonas verdes “sin los preceptivos informes jurídicos y económicos y al margen del procedimiento establecido”.
No cuadran las puntuaciones, no cuadran los plazos y por no cuadrar a la IGAE no le cuadra ni los días en los que llovía en Boadilla del Monte: cuando hablan de un contrato para eliminar las barreras arquitectónicas del casco urbano, remodelar una calle y acondicionar una glorieta, los investigadores destacan el retraso de un mes para llevar a cabo estas obras. Y les sorprende que en los tres casos las empresas adjudicatarias aleguen que fue por la lluvia, pero notando que a cada empresa le llovió en un día distinto: “Se destaca que siendo el período de ejecución de las obras prácticamente el mismo, los días en que han acaecido las fuertes lluvias sean distintos”. Es más, muchos días ni llovió en Boadilla: la IGAE asegura que lo ha mirado en internet y que en ese periodo de tiempo sólo hubo precipitaciones cuatro días. “Todo ello nos induce de forma razonable a considerar que los informes han sido emitidos para justificar a posteriori el retraso en la ejecución de las obras por los adjudicatarios”, asegura el texto.
