La represión franquista, al detalle

Barcelona

Con motivo del 75 aniversario del fusilamiento del president de la Generalitat Republicana, Lluís Companys, el Arxiu Nacional de Catalunya ha publicado los documentos de los Juicios Militares Sumarísimos durante el franquismo en Catalunya. Es de un extenso trabajo de recopilación y análisis de la Serie Documental “Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos)” conservado por el Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, que el Arxiu Nacional ha realizado entre los años 2003 y 2013, juntamente con el propio Tribunal Militar y el Memorial Democràtic.

Se trata de la documentación que, a partir de inicios de 1939, generaron los consejos de guerra que se hicieron en toda Cataluña y que se han conservado en el Gobierno Militar de Barcelona. Durante estos diez años, se ha realizado un tratamiento archivístico de 81.966 casos sumarísimos. De acuerdo con esta documentación, la represión afectó a más de 78.000 personas (70.470 hombres y 7.718 mujeres) de las cuales 3.358 fueron ejecutadas.

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La primera vez que se pudieron consultar estos documentos fue en 1997 cuando el historiador Josep Benet solicitó permiso para examinar el sumario del expresident Companys. El traslado de la documentación a una ubicación mejor y la creciente demanda de los investigadores permitieron que en el año 2003 la Generalitat y el Ministerio de Defensa iniciaran una colaboración para la mejora de la conservación y descripción del fondo que debería facilitar su acceso y consulta a los expertos.

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En el mes de enero de 2011, después de casi ocho años de trabajo realizado en diferentes fases por más de veinte archiveros, finalizó el tratamiento archivístico que generó una base de datos con 154.313 registros de los que cerca de 82.000 hacen referencia a personas acusadas de haber cometido delitos contra el régimen franquista entre 1939 y 1980. Entre estos registros destacan los procesos contra Lluís Companys, el que fue presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Irla, Salvador Puig Antich o el propio Jordi Pujol. De manera excepcional también se siguieron procesos contra personas jurídicas como las revistas ‘Ajoblanco’, ‘Interviú’ o ‘El Papus’, periódicos como ‘El Noticiero Universal’ o ‘La Vanguardia’ o instituciones como ‘La Cooperativa Agrícola de Guissona’.

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Gracias a todo este trabajo es posible conocer mucho mejor el alcance de la represión franquista en Cataluña. Ha permitido obtener información sobre los procesados de una determinada provincia, comarca o población, las franjas de edades y el sexo de los procesados, los delitos de los que eran acusados, la filiación política y/o sindical y su profesión. Cualquier ciudadano puede saber cómo afectó la represión en su localidad. Por ejemplo, en el caso del municipio tarraconense de Alcover, caso nada excepcional puesto como ejemplo por tratarse del pueblo originario del autor del artículo, de una población total de 2.663 habitantes en 1936, 61 fueron represaliados y, 5 de ellos, fusilados.

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Por lo que respecta a los delitos de los que se acusaba a los procesados se encuentran los de rebelión, adhesión, auxilio o incitación a la rebelión militar, expedientes de depuración de funcionaros sospechosos de desafección al régimen o la investigación de su conducta antes, durante y después del Glorioso Movimiento Nacional. Otros delitos fueron los de bandidaje, terrorismo, espionaje, actividades clandestinas, manifestaciones contra el régimen o paso clandestino de la frontera.

Afortunadamente, en cerca de un 40% de los procedimientos judiciales se consideró que los procesados no eran responsables de los delitos de los que se les acusaba, se decretó el archivo de la causa sin más consecuencia, se les absolvió o se decretó su libertad. Otro 13% de los casos fueron sobreseídos. En el resto de casos se aplicaron sentencias de cárcel, que iban desde 1 año de prisión hasta 30 años de reclusión mayor, y, en 4.411 casos (el 5,38% del total) se les sentenció a la pena de muerte.

No todas las personas condenadas a muerte fueron ejecutadas. La cifra final se eleva a 3.385 ejecuciones, de las que 17 corresponden a mujeres. Las primeras sentencias de muerte se ejecutaron en 1938 en las comarcas de Lleida. El grueso de los fusilamientos se produjo en los peores años de la represión franquista, es decir, entre 1939 y 1945, con el 96% de todas las ejecuciones. A partir de esta fecha la represión en general disminuye y se dirige, básicamente, contra los guerrilleros maquis hasta el año 1956. A partir de esta fecha, con el proceso de apertura del franquismo, no se produce ninguna ejecución en Cataluña hasta el final del régimen, cuando Franco ratifica las penas de muerte de Salvador Puig Antich, Georg M. Welzel (Heinz Chez) y la de Juan Paredes Manot ‘Txiqui’, en el año 1975.

La documentación también nos permite conocer que el grupo más afectado por los procedimientos judiciales militares fueron los varones de entre 30 y 39 años, cerca de 24.000. La mayoría de los procesados, cerca de 73.000, eran de origen español. Aunque la gran mayoría, un 68%, eran catalanes, también los encontramos de otros territorios españoles, mayoritariamente de Andalucía, Aragón y el País Valenciano.