El Ayuntamiento no recurrirá el fallo judicial que anula la RPT de 2014

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no recurrirá finalmente el fallo judicial que anulaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del año 2014 cuyo coste de anulación asciende a 470. 646 euros y que dejaron de percibir 270 empleados públicos tras su aplicación por parte de la anterior corporación popular.

Ya los sindicatos UGT, CSIF e Intersindical Canaria (IC), que son quienes recurrieron esta RPT, pidieron en su momento al alcalde, Augusto Hidalgo, que no recurriese la sentencia judicial y éste mostró su voluntad de no hacerlo siempre y cuando los servicios jurídicos y económicos estuviesen de acuerdo.

Después de una reunión que los representantes del Comité de Empresas, José Manuel Rodríguez, y de IC, Iván Jiménez, el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, comunicó el acuerdo. "Coincidíamos con el veredicto, y desde entonces hemos estado negociando para ver cómo hacemos la devolución de los derechos económicos a los trabajadores sin elevar excesivamente el techo del gasto", ha dicho el edil.

Los representantes sindicales se han mostrado satisfechos por este acuerdo extrajudicial que previsiblemente implique la retirada del recurso que impusieron también contra la RPT de 2015. Aún así, Rodríguez lamenta "que esta sentencia haya recaído justo en el mandato del tripartito y no en el del PP, porque debían ser ellos quienes respondieran a su mala gestión y a su mala política".