Política
Salud pública

La sanidad se blinda en Granada

El consejero Aquilino Alonso cierra el ciclo de foros de diálogo y participación sobre la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad

El consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, en el centro, junto a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March / Junta de Andalucía

Granada

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha cerrado hoy en Granada el ciclo de foros de diálogo y participación sobre la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con los que el Gobierno andaluz ha llamado a colaborar en esta norma pionera a nivel nacional a profesionales, entidades ciudadanas y colectivos de pacientes.

En esta ocasión, el encuentro ha contado con la presencia de representantes de diversas sociedades y asociaciones científicas que aportan innovación y conocimiento al sistema sanitario público y que mantienen un diálogo permanente con la Consejería de Salud. "Esta Ley será el instrumento para garantizar los derechos humanos, constitucionales y estatutarios de toda la población en Andalucía por eso queremos lograr un amplio consenso social y parlamentario en su tramitación", ha afirmado el consejero.

Se cierra así la ronda de jornadas-debate que han acogido las ocho provincias andaluzas, a las que se han convocado un total de 1.014 personas entre profesionales (501), representantes de asociaciones de pacientes (293) y entidades ciudadanas (220). Además, se han mantenido 10 reuniones monográficas singulares con agentes económicos y sociales, organizaciones sindicales y colegios profesionales, en las que se ha debatido la Ley en profundidad.

El texto de la futura Ley está disponible en la Consejería de Salud y en su portal web (http://www.juntadeandalucia.es/salud), así como en las delegaciones territoriales. Asimismo, puede consultarse en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica.

El trámite de Audiencia concluyó el pasado 15 de octubre y, por el momento, se han recibido 64 informes de alegaciones presentadas por entidades y organizaciones, así como a nivel individual (fundamentalmente alegaciones aportadas por profesionales). Además, se han recibido diez informes de otras Consejerías de la Junta de Andalucía y entidades públicas. Se estima que, en el primer trimestre de 2016, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Ley definitivo para proceder a su debate en el Parlamento de Andalucía.

Blindar la sanidad pública

La futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público tiene como objetivo blindar la sanidad pública, garantizando y reforzando los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad. "Con el proyecto que hoy vamos a trabajar queremos garantizar una sanidad pública al alcance de todas las personas en Andalucía, cualquiera que sea su situación social o económica, fortaleciendo los principios que inspiran el Sistema Sanitario Público de Andalucía", ha expresado Aquilino Alonso.

Entre otras novedades, el anteproyecto determina expresamente que en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. Asimismo, faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común.

La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012.

 
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