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Las Torres de Repsol no tienen quien las compre

El ayuntamiento de Málaga no ha recibido ninguna oferta formal para adquirir esos terrenos

Terrenos donde se proyectan las Torres de Repsol, junto a Juan XIII /

El ayuntamiento de Málaga sigue sin encontrar comprador para los terrenos de REPSOL, donde se proyectan las “grandes torres”, uno de los grandes convenios urbanísticos de la ciudad que acabó sucumbiendo por la crisis.

Según reconoce el equipo de gobierno del PP en una respuesta plenaria al Grupo Socialista fechada el pasado 9 de diciembre, la Gerencia Municipal de Urbanismo “no ha recibido oferta formal alguna” por los ocho lotes de terrenos en los que dividió la parte municipal de la parcela para intentar venderla. En concreto, el consistorio posee en la parcela de REPSOL derechos edificatorios para construir 502 viviendas de renta libre en tres torres de 28, 30 y 32 plantas, amén de 400 viviendas protegidas, más de 25.000 metros cuadrados de techo edificable de uso terciario, zonas verdes y viarios.

No obstante, el equipo de gobierno insiste en que “tiene constancia de que hay varios grupos inversores interesados que han solicitado información al respecto”.

En mayo de este año, sacaba también a la venta su porción de los terrenos el conocido como ‘banco malo’ (SAREB), que posee los derechos de edificación de la torre más alta de las cuatro previstas en la parcela de REPSOL, con casi 60.000 metros cuadrados de techo para construir viviendas y una altura de en torno a 125 metros de altura.

En REPSOL, el consistorio tuvo que renunciar finalmente a los 82 millones de euros que iba a recibir por triplicar la edificabilidad para permitir las "famosas" cuatro Torres de REPSOL; así se recogía en el fallido convenio urbanístico firmado en 2006 con la promotora granadina Comarex, que dejó la actuación urbanística en manos de Caixa Galicia. El ayuntamiento, tras recibir 12 millones de euros, ‘condonó’ a la caja gallega los 70 millones de euros restantes seis años después, en 2012, totalmente desinflada ya la burbuja inmobiliaria a cambio de quedarse con el 70 por ciento de los derechos edificatorios de los suelos después de que los promotores anunciaran que no podían hacer frente a la compensación prevista. Más adelante, la parte de la parcela que quedaba en manos privadas pasaría a engrosar los terrenos al ‘banco malo’.

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