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Prisión para 6 detenidos por explotación laboral y 22 locales cerrados

El magistrado les imputa hasta seis delitos, entre ellos, pertenencia a organización criminal

Cadena Ser

Prisión para seis de los detenidos por la trama de supuesta explotación laboral en restaurantes de Palma. El juez ha ordenado también la clausura de 22 restaurantes.  Horas antes habían quedado en libertad ocho de los detenidos en la macro-operación del pasado lunes.

Según el auto dictado por el magistrado, al que ha tenido acceso la Ser, los detenidos están imputados de delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, fraude a la Seguridad Social, falsedad en documento mercantil, delito contra la salud pública y contra la administración de Justicia. Además ha decretado el secreto de sumario sobre el asunto.

La mayoría de acusados se han negado a declarar ante el juez, al permanecer la trama bajo secreto. Los encarcelados son una pareja de hermanos, propietarios de los restaurantes a través de diversas sociedades a nombre de terceros, que regentaban los distintos negocios.

El magistrado también ha ordenado la clausura temporal de los bares y restaurantes, un total de 22. Entre ellos, heladerías, creperías, cafeterías, restaurantes de tapas, de menú y hasta de comida italiana. Los restaurantes se reparten en zonas muy céntricas de Palma, como Plaza Mayor, Avenidas, Plaza de Cort y Festival Park en Marratxí. El juez ha enviado un mandamiento a la policía para que proceda a su clausura y precinto y se evite su uso por parte de terceras personas. El cierre de estos locales afecta a más de un centenar de trabajadores.

La investigación apunta que los empresarios utilizaban multitud de maniobras y atajos fiscales para obtener el mayor lucro posible a costa de los trabajadores, funcionando como una organización criminal. Se cree que tenían empleados sin contrato, en situación irregular, contratados con horarios y jornadas que no se correspondían con la realidad. Además, muchas empresas de la trama tenían deudas con la seguridad social por impago de las cuotas de los empleados. El fraude podría superar el millón de euros.

 
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