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Emalsa decide demandar penalmente al antiguo interventor de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Bolívar

La operadora, analiza jurídicamente la existencia de actuaciones que pudieran integrar un comportamiento punible por el Código Penal en la conducta de Bolívar, desde el inicio de la intervención

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Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A (Emalsa) ha acordado, en la reunión celebrada este martes, demandar penalmente al antiguo interventor de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Bolívar, una vez ha tomado razón del dictamen de la firma de abogados Clifford Chance que, a petición de la operadora, analiza jurídicamente la existencia de actuaciones que pudieran integrar un comportamiento punible por el Código Penal en la conducta de Bolívar, desde el inicio de la intervención.

En este sentido, Emalsa señala, en un comunicado, que el dictamen recoge "la existencia de la comisión de un delito continuado de falsedad en el contenido de los diversos informes emitidos por el interventor" donde, matizan, también aparece la firma de otros cinco funcionarios municipales de los que se asistió como comité técnico de apoyo a la intervención.

Asimismo, indican que el dictamen recoge que "bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral," Bolívar "sí puede ser considerado el autor mediático del delito de prevaricación administrativa" por haber "instrumentalizado a los miembros de la junta de gobierno local a adoptar resoluciones arbitrarias en asunto administrativo".

Además, el Consejo de Administración de Emalsa ha tenido en cuenta las "continuas filtraciones de los informes de la intervención, que se han venido reproduciendo en diversos medios de comunicación de forma parcial, sesgada y, a veces, manifiestamente falsa", creando un ambiente de "descrédito" público para Emalsa y sus gestores.

Por ello, afirman que ante estos "graves" hechos, "indicadores de la existencia de actuaciones que han podido producir un notable perjuicio" para la sociedad mixta, apuntando que cualquier perjuicio provocado a dicha sociedad redundará "negativamente", en última instancia, en los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, "y con el ánimo de esclarecer el asunto ante los tribunales, el Consejo de Administración ha decidido interponer acciones legales contra Rafael Bolívar, a través de la presentación de la denuncia correspondiente en vía penal".

 
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