El fiscal pide una cuantiosa fianza para Luis Rubiales

Sevilla

El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández ha declarado este martes como imputado ante la juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez, por una ayuda de unos 600.000 euros concedida para empresas de limpieza de Granada, y ha asegurado que cuando la conoció dio orden de que no se pagara porque era ilegal.

El abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, ha dicho a los periodistas que en los diez minutos que ha durado la comparecencia judicial, Fernández ha recordado lo que ya declaró en 2012 ante la juez que empezó a instruir la causa, Mercedes Alaya.

Según el abogado, el exconsejero, que estuvo casi cuatro meses preso por esta causa, dio en 2009 orden a su entonces director general, Juan Márquez, de parar ese pago porque no se ajustaba al destino que se debía dar a las ayudas sociolaborales.

El exconsejero no concedió las ayudas a las empresas Cespa y FCC, que había sido comprometida por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, porque "no tenía cabida legal", según el abogado.

Fernández ha comparecido hoy por quinta vez por el caso de los ERE: en la primera ocasión declaró ante Alaya, en las tres restantes se acogió a su derecho a no declarar y hoy, la primera vez que estaba ante la juez Núñez, ha reiterado que paralizó el pago de unos 600.000 euros de una ayuda de algo más de 800.000 euros, de los cuales se habían desembolsado previamente 250.000.

El abogado de Fernández ha criticado que su cliente ha sido citado hoy, por iniciativa de la Fiscalía, a través de "una imputación genérica" y ha lamentado que desconoce el motivo por el que sigue imputado en relación a esta ayuda.

Los pagos de hasta 250.000 euros se hicieron porque Guerrero habría comprometido una ayuda para cubrir la subida lineal de los salarios de los trabajadores de las empresas de limpieza y tras las huelgas celebradas en 2005 y 2006, según el abogado del exconsejero.

Cuando las empresas reclamaron el resto del dinero para cubrir las subidas lineales de los próximos tres años, Fernández intervino por primera y única ocasión en el caso y rechazó pagarlo, ha añadido el abogado.

El exconsejero, tras la reclamación que le hizo un abogado en nombre de las empresas, plasmó por escrito que no procedía a ese pago porque no se incluía en los fines establecidos en las ayudas sociolaborales y a empresas recogidos en el denominado procedimiento específico, que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a compañías en crisis, ha precisado el abogado.

Antes del exconsejero andaluz, que también está imputado en la macrocausa de los cursos de formación, han declarado ante la juez a otros dos imputados por las pólizas del conflicto de la limpieza de Granada.

Entre ellos, ha comparecido el ex delegado provincial de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales López, a quien la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 734.000 euros por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, según han explicado fuentes judiciales.