Libertad provisional para 14 de los 24 detenidos en la 'operación taula'
Este jueves siguen las declaraciones ante el juez
Varios coches de la Guardia Civil llegan esta tarde a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde el juzgado que investiga una supuesta trama de corrupción desde la empresa pública Imelsa toma declaración a varios de los venticuatro detenidos, entre ellos / KAI FÖRSTERLING (EFE)
Valencia
El instructor del caso Imelsa ha decretado libertad provisional para los catorce detenidos que han declarado desde esta tarde por la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunitat Valenciana. A cuatro de ellos, el juez ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado asimismo dejar en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster, para quien el fiscal ha pedido prisión. Los catorce detenidos, ya en libertad, mantienen la condición de investigados (figura que sustituye a la de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento criminal) por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.
Entre ellos se encuentra el empresario Mariano López Sáncho, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa y exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma. También han sido interrogados el ex secretario autonómico y exdiputado del PP en Les Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos.
Además de Serra, García Fuster y Vicente Burgos, comparecieron también dos arquitectos, el exasesor del Ayuntamiento de Valencia Pedro Aracil y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.
Recordemos que la primera en pasar a disposición judicial, en la noche del martes, fue la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, que quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros aunque en calidad de investigada --la nueva denominación de los imputados-- por varios delitos y se decretó el embargo de sus bienes como medida cautelar.
¿Qué se investiga?
El juzgado ha encontrado indicios de trama organizada. Una trama de cobro de comisiones fraudulentas para supuesto beneficio de los investigados y también destinadas, presuntamente, a la financiación irregular del Pp. Eso es lo que señalan fuentes próximas a la investigación que se inició, recordamos, a partir de una denuncia interpuesta por Esquerra Unida en julio de 2014 ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, cuyo director gerente era Marcos Benavent.
La colaboración de Benavent, de quien llegó a decirse que estaba en paradero desconocido y su aparición, subrayo eso, entre gestos místicos y frases del estilo "va a salir mierda a punta pala", ha resultado clave en la investigación a la hora de determinar que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial.
También contamos en la Ser en mayo pasado que la trama tiene ramificaciones internacionales, concretamente en Brasil donde supuestamente se habría blanqueado dinero. Al final, el trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella el pasado mes de marzo.
En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.Lo de ayer fue el trabajo de campo para detener a algunos investigados y sobre todo asegurar prueba. La operación sigue abierta. La causa sigue secreta.
Durante el martes se produjeron 24 detenciones en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, en el marco de una causa en la que hay 29 investigados (figura que sustituye al imputado). Entre los detenidos están, además de María José Alcón, quien tras declarar quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros; el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, los exvicepresidentes de esta institución Máximo Caturla y Juan José Medina y el ex diputado autonómico David Serra.
