Los areneros 'aniquilaron' el suelo de los barrancos de Güímar

Santa Cruz de Tenerife

Los empresarios areneros, José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia han sido condenados a la pena de un año y tres meses de prisión por la comisión de un delito contra el medio ambiente al considerarse probado que realizaron extracciones de áridos de forma ilegal durante 17 años, causando un daño ecológico irreparable en la zona de los barrancos de Güímar, en el sureste de Tenerife. Los ahora condenados han mostrado su conformidad con la sentencia pero no ingresaran en prisión tras alcanzar un acuerdo debido a que no tienen antecedentes penales y la pena impuesta es inferior a los dos años. Solo resta un empresario, Francisco Javier del Rosario Fuentesque se ha declarado inocente y para quien la fiscalía pide una pena de cinco años de prisión. Del Rosario, ha asegurado durante su declaración que, "en absoluto", tenía capacidad de decisión dentro de la empresa, puesto que, según su versión, solamente era un trabajador.A preguntas de su abogado, el acusado ha explicado que siempre ha actuado "como mandatario" y "en representación de la empresa", ya que era un cometido que le correspondía como empleado.

Del Rosario ha resaltado que "era notorio que no era administrador único" de la empresa y ha negado que él redactase ningún escrito, ya que no tiene capacidad para escribir documentos técnicos y administrativos, y que cuando firmaba lo hacía en representación del dueño, Miguel Reyes.

 En la sentencia se describen cómo las actividades extractivas esquilmaron los barrancos de Güimar afectando a flora y especies protegidas así como aniquilando los niveles freáticos y gran parte del subsuelo. En este punto, se alude a que las actividades se realizaban sin licencia; sin respetar los precintos establecidos y de forma indiscriminada. "Las extracciones habían acabado por afectar las características hidráulicas del barranco y a sus condiciones de contorno llegando a afectar la estabilidad de la infraestructura existentes en las inmediaciones de la cantera, dejándolas colgadas de unas paredes inestables, que producían desmoronamiento de taludes", reza la sentencia. La incesante actividad extractiva provocó agujeros de más de 60 metros de profundidad en algunos puntos causando perjuicios a zonas de pozos y constituyendo un peligro ante posibles avenidas en la zona. Como ejemplo, de la magnitud de los destrozos, la sentencia alude a que las "profundas cicatrices son de tal magnitud que incluso la cartografía correspondiente a la capa de curvas lineal las refleja cual si fueran accidentes naturales".

Los tres areneros condenados tendrán que abonar las cantidades necesarias para restituir el daño causado y presentar un informe de recuperación de la zona de los barrancos de Güimar. La cantidad supera los 100 millones de euros.