Ripoll, Lorente, Ortiz y Fenoll entre los 14 procesados por el caso Brugal

Alicante

Concluye la instrucción del caso Brugal con 14 procesados por amaño en la adjudicación del Plan Zonal de Gestión de Residuos, según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de la Comunitat Valenciana.

El expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente -ambos del PP-, el exportavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, se encuentran entre los procesados.

La jueza titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, Rosa María Villegas, les procesa por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida y archiva la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados.

La investigación judicial se inició después de que en 2007 el empresario Angel Fenoll diera a conocer unas grabaciones con las que quería poner de manifiesto las irregularidades en el concurso de adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela. A lo largo de la misma y tras analizar las grabaciones telefónicas realizadas por la policía, en 2010 se llevaron a cabo varias detenciones -entre ellas la de Ripoll- y se realizaron distintos registros policiales, como el que tuvo lugar en la sede de la empresa de Ortiz.

Los investigadores creen que Ripoll, como presidente de la Diputación, -institución de la que dependía la construcción de la planta de basuras- acordó que Ortiz construyera la misma en terrenos de Fenoll.

Como contraprestación por esta adjudicación, el expresidente de la Diputación de Alicante supuestamente recibió distintas dádivas, entre ellas, dos viajes en el barco de Ortiz a las Islas Baleares. Según un informe pericial encargado por este juzgado, el valor económico de estos viajes fue superior a los 100.000 euros.

Con este auto la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.