Camps quiere ir rápido

Valencia

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que se defiende a sí mismo en el Caso Valmor, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia la petición de complejidad de la causa y pretende que se instruya en el tiempo mínimo establecido por la ley, medio año.

Recordamos que la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija en seis meses el período máximo de instrucción de un procedimiento si este no es declarado complejo. En ese caso el tiempo de instrucción de prolonga a un año y medio.

Según la información a la que ha tenido acceso la Ser, Camps afirma que no hay "pluralidad de delitos" y que no se están llevando a cabo actuaciones en el extranjero ni se han encargado fuera de España pruebas periciales.

Sin embargo, las mismas fuentes consultadas por la Ser niegan los argumentos del expresident. Recuerdan que Bernie Ecclestone vive en el extranjero y sin entrar en el fondo de la petición, apuntan, además, que fue precisamente Londres el lugar donde Camps presuntamente prevaricó.

Precisamente de las últimas declaraciones del expiloto Adrián Campos, del ex jefe de gabinete de Camps Pablo Landecho y del exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras, se desprende que el contrato por el que se prorrogó la celebración del Gran Premio en Valencia se firmó sin cumplir la legalidad y además a sabiendas.

En julio de 2011, Francisco Camps viajó a Londres a toda prisa para reunirse con Bernie Ecclestone. Un encuentro al que también asistió el otro investigado junto al expresident y Lola Johnson en esta causa, Jorge Martínez Aspar. Tras ese encuentro Lola Johnson, en calidad de consellera, rubricó el contrato.

El problema radica en que se incumplieron dos preceptos básicos que la administración debe cumplir a la hora de contratar: pedir el informe de la abogacía de la Generalitat y solicitar, en este caso, la autorización de la Sociedad de Proyectos Temáticos. Según declaró el ex director de esa sociedad, en el documento figura un cuño con su firma y visto bueno que él afirma que se puso en su ausencia, se encontraba fuera de España de viaje de novios, y que él jamás hubiera estampado sin el informe de la abogacía.

Así, las cosas, según la fiscalía, con aquella reunión y la orden posterior de prorrogar el contrato se consumó la prevaricación al sustituirse todo el procedimiento legal y al evitar contar con los informes preceptivos de la Sociedad Proyectos Temáticos y de la Abogacía de la Generalitat.