Podemos pide la dimisión de Marcelino Iglesias como senador
Primeras reacciones de los partidos políticos tras conocerse la sentencia del caso Naves. La más dura, la de la formación morada, que amenaza con un replanteamiento de sus relaciones con Lambán
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Pablo Echenique durante la rueda de prensa en las Cortes de Aragón / Esther Orera
Zaragoza
Marcelino Iglesias debe dimitir como senador tras conocerse la sentencia por el Caso Naves. Así de contundente se ha mostrado hoy Pablo Echenique, de Podemos. Ha sido la crítica más dura de los partidos políticos, que han coincidido en exigir tolerancia cero con la corrupción, máxima transparencia y respeto a la justicia.
Echenique pide esta dimisión porque era Iglesias era el máximo responsable político del Gobierno de Aragón y, además, Carlos Esco era cercano a él. "No estamos diciendo que Marcelino Iglesias sea culpable de nada penalmente" pero "si bajo el mandato del presidente de gobierno y con la implicación directa de una persona muy cercana a él desaparecen, por utilizar un eufemismo, 157 millones de euros, pensamos que lo mínimo que debería hacer un cargo público es pedir disculpas y no ser premiado con un sueldo de senador". No obstante, lo que confirma la sentencia es un sobrecoste de 8,7 millones de euros.
Patricia Luquin, de Izquierda Unida, coincidía en que "éticamente, desde el plano político" la dimisión de Marcelino Iglesias como senador "sería un buen paso".
La formación morada, además, amenaza de nuevo al gobierno de Lambán con un replanteamiento de su postura. "Las decepciones a las que nos va a sometiendo a la ciudadanía el gobierno de Aragón van aumentando la dificultad de que tengamos una relación fluida con el actual gobierno".
Desde CHA, el socio de gobierno, Gregorio Briz apuntaba que sería una "error garrafal" que estos hechos pudieran poner en juego el consenso institucional en torno a esta plataforma logística. Además, remarcaba que "en este momento no hay ninguna persona en este momento en el gobierno que tenga sombra de duda de corrupción ni de presunto delito de estas características", por lo tanto, "no tiene por qué afectar" a las relaciones en el gobierno. Ahora bien, "exigencia máxima a que la corrupción sea cero".
Desde el PP, el PAR y Ciudadanos se han mostrado respetuosos con la decisión judicial. Los populares han dicho que "estarán atentos a las explicaciones del PSOE" y sus consecuencias y de que si hay resolver responsabilidades políticas, tiene que ser el PSOE el que tome las decisiones.
La preocupación para el PAR es que pueda afectar a la comercialización de PLAZA. El PAR era el socio de gobierno en aquel momento y María Herrero ha sido contundente: el PAR no tiene nada que ver.
