Política

El 'cártel' de los comedores, al Parlamento

El Lehendakari deberá responder hasta a 3 interpelaciones distintas en torno a la multa de 18 millones de euros de la Autoridad Vasca de la competencia a empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares

Instalaciones de una de las empresas sancionadas por Competencia / IREKIA

Bilbao

El "cártel" de los comedores escolares vuelve a primera línea de actualidad. Esta mañana, en el pleno de control, el Lehendakari y la consejera de Educación deberán explicar el papel del Gobierno Vasco en este conflicto. Su intervención y su responsabilidad tras una multa histórica a las empresas adjudicatarias de los comedores escolares por repartirse el mercado con un sobrecoste que rozaba el 30%.

El motivo de la multa

Auzo Lagun, Goñi, Magui, Eurest Colectividades, Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica, Gastronomía vasca y Eurest Euskadi son las ocho firmas que Competencia ha investigado en el último año y medio, que deberán hacer frente a la millonaria multa, la más alta impuesta nunca por la AVC. Cada firma deberá abonar entre un 3,05% y un 7,40% de su volumen de negocio. La mitad han presentado recurso.

La Autoridad ha calculado la multa tomando como base el volumen de negocios de cada una de las empresas, su participación en la infracción, la reiteración de la conducta durante diez años, el peso de estos contratos en el total de la facturación y la relevancia del mercado afectado.

El caso lo destapó Aibak, una mercantil, excluida sistemáticamente en las adjudicaciones, que denunció en 2013 prácticas anticompetitivas ante la Autoridad vasca que finalmente le ha dado la razón.

Según relata la Autoridad, el departamento de Educación del Gobierno Vasco convocó licitaciones anuales para la prestación del servicio de comedores desde 2003 y hasta 2014. Las ocho empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de contratación y podían competir por los lotes. La AVC considera demostrado que, durante al menos diez años, las ocho firmas renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas para conseguir un reparto de lotes. Esta práctica les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote acada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación.

La Autoridad concluye que esta "alteración tan sofisticada de la contratación pública" ha supuesto "un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general". Tras el cambio del sistema de adjudicación en 2015 por parte del Gobierno Vasco, se ha conseguido un ahorro de siete millones de euros sin merma de la calidad del servicio.

El contrato de comedores escolares es uno de los más altos del departamento de Educación. Sólo en los diez años sujetos a la investigación de la AVC, el Ejecutivo dedicó 854 millones de euros para sufragar los comedores. El Gobierno Vasco negó en su momento las irregularidades denunciadas por Aibak, aunque cambió en 2015 el sistema de adjudicación de este millonario contrato.

 
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