El juez y la fiscal apuntan al exalcalde de Móstoles en el amaño de un contrato
El juez Velasco y la fiscal preguntan a los testigos si el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz, ahora diputado regional del PP en Madrid, pudo intervenir en la adjudicación de un contrato a Cofely
Madrid
El juez y la fiscal que investigan la actividad de la trama Púnica en Madrid creen que el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz pudo maniobrar para que Cofely se llevase la adjudicación de un contrato de más de 70 millones de euros para la eficiencia energética del municipio. El juez cree que la empresa ligada a la trama tuvo información privilegiada para poder ser la adjudicataria, y cree que esta información salió tanto del entonces concejal imputado Alejandro Utrilla como de la bandeja de correo electrónico del exalcalde, ahora diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. El exalcalde ha emitido un comunicado en el que niega haber cometido cualquier irregularidad.
Tanto el juez como la fiscal exponen esta hipótesis en diversos interrogatorios a funcionarios y concejales del Ayuntamiento de Móstoles que habrían intervenido en esta licitación de más de setenta millones. "¿O Daniel Ortiz o David Sánchez o alguien le dijo que tratara privilegiadamente a Cofely porque tenían pensado adjudicarle el contrato?", preguntó el juez a Víctor Domingo, director técnico de la concejalía competente. "¿Sabe usted si estaba el alcalde interesado en que se le adjudicase a Cofely?", pregunta la fiscal en otro interrogatorio.
Todos los preguntados niegan tener conocimiento de este posible interés del alcalde, y el concejal David Sánchez incluso asegura que se jugaría "la mano derecha y la mano izquierda, es un profesional como la copa de un pino".
Correos con información privilegiada
Tanto el magistrado como la fiscal expresan sus dudas en base a pruebas obtenidas durante el procedimiento: tres empresas, entre las que se encontraba Cofely, se presentaron a este concurso, pero fue Fulton quien se llevó el contrato en un primer momento. Poco después se descubrió que la oferta de la adjudicataria había incurrido en baja temeraria y finalmente la adjudicación cayó en manos de Cofely.
Durante los registros practicados por la Guardia Civil por orden del juez, los agentes encontraron información sobre este procedimiento en la sede de Cofely, información que según el juez no debería estar en poder de las empresas licitantes. Y saca entonces el magistrado a colación varios correos electrónicos: en uno de ellos, un trabajador de Cofely le dice a otro que un funcionario le ha comunicado "un compromiso con Cofely por parte del alcalde y el concejal" para llevarse este contrato.
Y es otro correo el que también apunta al posible papel del alcalde en este supuesto amaño: según documentación obrante en el sumario, el concejal encargado del contrato le comunicó por correo al regidor la intención de enviar un requerimiento a Fulton por baja temeraria. Una hora y nueve minutos más tarde, este mismo correo salía del email de Daniel Ortiz y llegaba a la bandeja de entrada del concejal imputado Alejandro Utrilla. Fue esta baja temeraria la que determinó que COfely se adjudicase el contrato.
Una "garganta profunda" en Móstoles
No es la primera vez en que el juez hace referencia a este supuesto amaño millonario en Móstoles. Tal y como reveló la Cadena SER el pasado mes de agosto, el magistrado consideraba que Cofely tenía "una garganta profunda" en este consistorio después de comprobar que la empresa tenía acceso a información privilegiada. Ya entonces el juez apuntó al cobro de una supuesta comisión - sin especificar quién la pudo cobrar - por valor de 240.000 euros, "cuarenta millones de las viejas pesetas", dijo durante un interrogatorio.