El "cambalache en comandita" de la ropa usada en el sur de Madrid
El interventor de la Mancomunidad del Suroeste de Madrid afirmó ante el juez que el convenio con una empresa fue “un cambalache propio de dos personas en comandita”
Madrid
La trama Púnica no extendía sus tentáculos exclusivamente en el campo de los abultados contratos de eficiencia energética: el juez también investiga si algunos políticos imputados pudieron amañar contratos de recogida de ropa utilizada en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. Entiende el magistrado que tanto la Mancomunidad de Municipios del Suroeste como el Ayuntamiento de Valdemoro pudieron favorecer a la empresa Recuperaciones Oasis, y entre otras cosas se basa en el demoledor testimonio del interventor de la Mancomunidad: “Entiendo que esto ha sido un cambalache propio de dos personas en comandita, y vaya a saber usted con qué finalidades”, dijo ante el juez refiriéndose a Carlos Alberto Estrada, entonces presidente de la Mancomunidad y alcalde de Moraleja de Enmedio, y la entonces vicepresidenta María Olga Fernández, entonces alcaldesa de Serranillos del Valle.
En su declaración, el interventor Antonio López asegura que este convenio marco firmado en diciembre de 2011 no pasó por sus manos, poniendo en duda en primer lugar que la recogida de ropa usada sea competencia municipal y asegurando después que "no se me ha dado razón ni cuenta, y por tanto no ha pasado por la fiscalización previa, alguien lo ha adjudicado por su cuenta y riesgo. Es absolutamente irregular", añade.
El juez sospecha que fue el entonces presidenta de la Mancomunidad, Carlos Alberto Estrada, en connivencia con la entonces vicepresidenta Olga Fernández, quien pudo amañar este contrato para adjudicárselo a una empresa concreta. "Entiendo que esto ha sido un cambalache propio de dos personas en comandita, y vaya a saber usted con qué finalidad", dice al juez.
En su declaración en esta causa, Carlos Alberto Estrada negó ante el juez haber tenido conocimiento de estas irregularidades que denuncia el interventor, tanto como alcalde de Moraleja de Enmedio como mientras presidió la Mancomunidad.
Un comité de expertos que no leía contratos
La escena se repite en Valdemoro: a lo largo de la instrucción, el juez ha tomado declaración a tres arquitectos municipales del consistorio que formaron parte de un ‘comité de expertos’ encargado de aprobar los informes preceptivos sobre un contrato similar de esta empresa con el consistorio. Ante el juez, los tres reconocieron no haber leído – o haberlo hecho “diagonalmente” en el mejor de los casos – lo que estaban firmando, y todos apuntaron a la misma persona como la que urdió todo en este consistorio: José Luis Navarro Soto, imputado en esta causa y en ese momento su superior como arquitecto municipal.
