Funcionarios desprotegidos
La plataforma de funcionarios de la Junta critica la norma para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción porque es regresiva
Un grupo de funcionarios se manifiesta ante la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente / Miriam Chacón (Ical)
Valladolid
El anteproyecto de ley presentado el jueves por el consejero de presidencia Jose Antonio de Santiago Juárez, para (en teoría) garantizar la protección de los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración no recoge nada que no se esté haciendo ya en la Junta.
De hecho es una norma más regresiva porque amenaza con expedientar a los trabajadores que hagan denuncias falsas. Esto es un contrasentido, segun PLADEPU, porque los empleados pugblicos a veces soklo pueden denunciar indicios de malas practicas en sus superiores, y a partir de ahí es cuando se tiene que investigar si realmente se esta haciendo un mal uso del dinero publico. Con esta "amenaza" de expediente sancionador , "habrá menos funcionarios que se atrevan a denunciar algo" según Patricia Rodriguez, miembro de Pladepu.
Si de lo que se trata es de evitar que los denunciados, tomen represalias contra el trabajador que denuncia, tampoco es una solución acudir a al Inspección general de servicios. Patricia Rodríguez señala que ese sistema ya está implantando en la actualidad y no sirve, "porque los funcionarios saben que la Inspección es un órgano politizado al servicio del PP en la Junta" . La plataforma de funcionarios públicos, PLADEPU, propuso crear una figura jurídica para la protección del funcionario que denuncie casos de corrupción ante las represalias que pudieran tomar contra el sus superiores. Esta era la propuesta: " Creación por ley (Ley de Función Pública y Ley de Trasparencia de C. y L.) de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal, y significa incardinar en el armazón legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. La protección contra persecución, sanción o discriminación será completa, incluida la representación y defensa judicial y debe estar supervisada y garantizada por las Cortes de C. y L "
