La Púnica en Parla: un “poder adjudicador al margen de la Ley”, según la UCO
Un informe de la Guardia Civil describe cómo la trama habría amañado un concurso de más de 50 millones en el municipio y cómo planeaba seguir obteniendo más beneficios de él
Sede de Cofely en Madrid / EFE
Madrid
Los investigadores de la Guardia Civil entregaron el pasado mes de octubre un informe al juez Velasco en el que describían los pormenores de la actividad de la trama Púnica en Parla, y llegaban a una conclusión: el entramado supuestamente corrupto actuaba como "un poder adjudicador al margen de la Ley". El informe de la Unidad Central Operativa (UCO), contenido en el sumario de la 'operación Púnica', detalla cómo personal de la empresa Cofely habría intervenido directamente en la elaboración de los pliegos de un contrato de más de 50 millones por los servicios energéticos de uno de los diez municipios más grandes de la Comunidad de Madrid.
El informe empieza explicando cómo el interés por licitar este macro contrato venía del propio alcalde, el socialista José María Fraile, y cómo incluso en un momento dado desde la alcaldía, según la Guardia Civil, el técnico del consistorio encargado de elaborar los pliegos técnicos habría sido sustituido por otro al no estar de acuerdo con la propuesta inicial.
"Habrá que vigilar lo que tocan", asegura en un correo electrónico una trabajadora de Cofely a Pedro García, también de la empresa, después de enviar a su interlocutor en el Ayuntamiento su propuesta de pliegos. Según la Guardia Civil, el resultado fueron unos criterios de adjudicación que primaban las valoraciones subjetivas por encima de los aspectos cuantificables, y que según los investigadores contenían hasta seis artículos irregulares.
Comisiones del 2%
Uno de estos pliegos supuestamente amañados que llama la atención de la Guardia Civil es el que permite a la empresa adjudicataria destinar el 2% de presupuesto a subcontratar una empresa como "oficina técnica independiente". Un porcentaje que finalmente habría caído en manos de empresas ligadas a David Marjaliza, con 2,7 millones de euros destinados a comisiones tanto de cargos públicos como de los integrantes de la trama, según este informe.
Todo esto habría pasado inadvertido gracias a una fiscalización que el informe define como "exigua o inexistente" por parte del Ayuntamiento: nadie puso ninguna objeción a incluir la cláusula del 2%. De hecho, destaca la Guardia Civil, en un primer momento el viceinterventor del consistorio informó en contra de los pliegos del contrato, y tres días más tarde lo hizo a favor a pesar de que sus recomendaciones anteriores "no fueron atendidas ni corregidas".
Retrasos intencionados
Este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también refleja que Cofely finalmente no cumplió con uno de los aspectos de su oferta que le había hecho ganar el contrato: los plazos. Según los investigadores, ha quedado acreditado que existió "un retraso completamente deliberado por parte de la empresa, la cual no tenía ninguna intención de acometer las inversiones hasta aumentar los costes".
Una modificación del contrato que incluía un sobrecoste de más de dos millones de euros en total, realizada "con la anuencia del Ayuntamiento de Parla, a la hora de no adoptar ningún tipo de penalidad y de prestarse a modificar el contrato" a pesar de asumir "importantes costes añadidos e injustificados".
Fue hace apenas diez días precisamente cuando la propia empresa Cofely decidió romper el contrato que mantenía en Parla, después de llevar cerca de dos años sin cobrar del Ayuntamiento y con una deuda, según su versión, superior a los siete millones de euros.
