A Coruña: se vende suelo público

-Lunes, 22 de febrero. La semana arrancaba con una nueva vuelta de tuerca sobre la venta de muelles en el puerto de A Coruña. La ministra de Fomento, Ana Pastor, defendía esta fórmula para financiar parte de Punta Langosteira y aseguraba que debe cumplirse el convenio firmado en su día para Francisco Vázquez y Álvarez Cascos. La posición de Ana Pastor frena, al menos de momento, las aspiraciones del Ayuntamiento de destinar a espacio público los muelles que queden liberados. Que el puerto exterior lo tengamos que pagar los coruñeses con la venta de nuestro patrimonio fue una ocurrencia de Francisco Vázquez que merece, al menos, una revisión..

El día nos dejaba además la aclaración de la Marea sobre su posición en relación con la promoción de A Coruña como Ciudad Picasso. El alcalde, Xulio Ferreiro, recticaba sus declaraciones de la semana pasada y garantizaba que mantendrá la apuesta por profundizar en el reconocimiento de A Coruña como el tercer vértice del triángulo formado también por Barcelona y Málaga. Una aclaración en la que acierta el alcalde.

–Martes, 23 de febrero. El Gobierno local acercaba posturas con el BNG sobre los presupuestos municipales, pero suspendía las reuniones con el PP porque los populares fueron incapaces de presentar una propuesta concreta para las cuentas del Ayuntamiento de A Coruña. El único voto que tiene el Bloque es insuficiente para dar la mayoría a Marea, pero sí podría facilitar la aprobación de los presupuestos en caso de que el PSOE volviese a la sensatez y, al menos, se abstuviese en una votación. El camino aún no está despejado.

–Miércoles, 24 de febrero. Los testimonios recogidos por esta casa de mujeres que denunciaron que no recibieron asistencia médica mientras abortaban en los hospitales Materno Infantil de A Coruña y Arquitecto Marcide de Ferrol no parecieron ser suficientes para una intervención de la Valedora do Pobo. Milagros Otero ha dicho esta semana que está a la espera y que no descarta intervenir en el futuro. Añade que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de denuncia. No se sabe exactamente a qué espera la Valedora para intervenir. La denuncia públicamente debería ser suficiente para que se moviese. El asunto debe ser aclarado para que se puedan corregir eventuales “disfunciones”, como les gusta decir a los políticos.

El miércoles, el Ministerio de Defensa sacaba a subasta las parcelas de A Maestranza para la construcción de viviendas. En total, el precio de salida es de 25 millones de euros. 10 millones, la más cara. 5, la más barata. El Ayuntamiento asegura que hace semanas que se mueve para intentar que el destino de estos terrenos sea público. Poco parece que pueda hacer en este sentido, porque el proceso está ya lanzado. Pero sí está en su mano ejercer presión para garantizar la conservación de restos arqueológicos de la muralla que, según un informe municipal, están en el lugar.

-Jueves, 25 de febrero. Llegaba a A Coruña la secretaria federal de política municipal del PSOE, Adriana Lastra, para explicar a militantes coruñeses el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, la formación a la que Pedro Sánchez incluyó en las derechas. La dirección socialista busca respaldos para un pacto que será insuficiente para que Sánchez sea investido como presidente del gobierno. Resulta llamativa la estrategia socialista de acordar con la derecha para pedir después el respaldo de la izquierda.

-Viernes, 26 de febrero. La Xunta volvía a cerrar al marisqueo la ría de O Burgo al detectar altos niveles de hidrocarburos. Es una situación muy similar a la de hace un año. El Gobierno gallego aún no ha dado a conocer los resultados de la investigación realizada en aquel momento. Los mariscadores han insistido en vincular los altos niveles de hidrocarburos con la actividad de Repsol en el puerto. La discusión carece de sentido. Entregarse a un acto de fe entre creer a la compañía petrolera o creer a los mariscadores carece de sentido. Si es cierto que la Xunta ha realizado un estudio sobre el origen del hidrocarburo, debe hacerlo público para terminar con especulaciones y para cumplir con la obligación de la transparencia a la que se debe una administración pública. No parece razonable esperar un año por un informe que, si existe, permanece oculto.