El juez sienta en el banquillo a Ricardo Costa, Vicente Rambla y tres empresas de Castellón

Castellón

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana concurrió a las elecciones municipales, autonómicas y generales en 2007 y 2008 con dinero supuestamente financiado de forma ilegal por diez empresas constructoras entre las que se encuentran las castellonenses Lubasa, Facsa y Piaf. Asimismo, entre los políticos de la cúpula de Francisco Camps que se sentarán en el banquillo también hay representación provincial con Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El acto dictado este viernes por el juez José De la Mata de la Audiencia Nacional, abre juicio oral contra dos hombres fuertes nombrados por el expresidente valenciano, Francisco Camps. El entonces vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el secretario general del Partido Popular de la Comunitat, Ricardo Costa. La fiscalía les pide seis años y medio, y siete años y nueve meses de cárcel respectivamente, por delitos electorales en las campañas de 2007 y 2008, y por falsedad continuada en documento. Además, el juez impone a Vicente Rambla una multa de 52.800 euros, mientras que Ricardo Costa debe asumir una sanción de 55.200 euros.

El juez también sienta en el banquillo a otros tres antiguos cargos del PP valenciano, y a otras 15 personas, entre la cúpula de la organización y los empresarios que pagaron a la trama hasta 1,2 millones, con facturas falsas por servicios no prestados. Entre estos empresarios, se encuentran los castellonenses Gabriel Batalla, de la empresa Lubasa; Enrique Gimeno, de Facsa y los hermanos Antonio y Alejandro Pons, de la firma Piaf.

En total, el dinero negro supuestamente utilizado por la trama Gürtel y el Partido Popular de la Comunitat ascendería a 4,8 millones de euros.