La Policía acusa al Ayuntamiento de Getafe de amañar un contrato en 2012

Madrid

Las diligencias de investigación que han provocado este lunes varias detenciones y el registro del Ayuntamiento de Getafe se encuentran bajo secreto de sumario y llevan en marcha desde el pasado mes de junio. Una causa tramitada por el juzgado número 4 de la localidad en la que figura un informe del Grupo 26 de la Brigada Provincial de Policía Judicial que acusa directamente al Ayuntamiento de Getafe y a la empresa municipal Getafe Iniciativas SA (GISA) de haber cometido diversas irregularidades en la tramitación y adjudicación a Vegas Arquitectura de dos contratos públicos para construir el Teatro Madrid en 2012, con Juan Soler – actualmente diputado regional en Madrid y senador – como alcalde.

La reforma del antiguo teatro de la calle Madrid para convertirlo en un centro europeo de artes escénicas fue una de las promesas estrella de Juan Soler a su llegada a la alcaldía en 2011.

En primer lugar, los investigadores critican que la tramitación de ambos expedientes fuese encomendada a GISA cuando “el Ayuntamiento de Getafe cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo cualquier procedimiento de licitación, apuntando al consistorio y al entonces alcalde: alegó el regidor que “fue para agilizar la tramitación” para terminar el Teatro dentro del plazo para poder utilizar fondos FEDER de la Comunidad de Madrid, algo que según la Policía “carece de fundamento”.

Las supuestas irregularidades a las que apunta la Policía Judicial siguen durante la tramitación posterior en la empresa municipal: denuncian que GISA realizó “cambios significativos” en los pliegos “sin los cuales Vegas Arquitectura nunca podría haber sido adjudicataria de los procedimientos”. Entre ellos estaría la introducción de un nuevo criterio, la reducción del plazo, lo que facilitó la adjudicación a esta empresa ya que “la suya fue la peor propuesta económica”.

Tres días antes de que GISA recibiese la encomienda de gestión, sigue el informe, se cursaron las invitaciones a las empresas dentro del procedimiento negociado sin publicidad, sin constar “los motivos para la invitación ni el encargado de elegirlas”. Las empresas que optaron al concurso de ambos expedientes estaban relacionadas entre sí: una de las empresas, por ejemplo, era de la esposa del dueño de otra de las aspirantes.

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Una celeridad “irregular”

Un sumario en el que también figuran las declaraciones realizadas ante la UDEV de dos empleados de GISA y un arquitecto que habría intervenido en el proceso. Es precisamente este arquitecto el que asegura que firmó y revisó el proyecto de ejecución para Vegas Arquitectura “como un favor” a una empleada, aunque no lo elaboró ni cobró ningún dinero porque la relación laboral con la empresa “no fue buena al requerirle demasiado tiempo, siendo muy absorbente”. Una suerte de subcontratación a través de un pacto verbal que para la Policía también constituye “un claro incumplimiento de los pliegos de cláusulas administrativas”.

Una de las empleadas de GISA interrogadas por la UDEV definió como irregularidad “la celeridad con la que se demolió el edificio existente en el solar”, denunciando también los integrantes del área de suelo de la empresa municipal fueron apartados de esta tramitación.

El informe de la Policía también destaca que en agosto de 2015 la Cámara de Cuentas aseguró que la adjudicación del proyecto “no había sido particularmente rigurosa” afirmando también que no se había producido “una concurrencia efectiva de las empresas licitadoras al no cumplir dos de las tres empresas los mínimos requeridos”.

El PSOE ya denunció estos hechos

Desde la actual corporación municipal aseguran que colaborarán con la Justicia durante la investigación, y recuerdan que el propio Partido Socialista de la localidad denunció estos mismos hechos, una querella que fue archivada. El PP de la localidad, por su parte, defiende que la investigación judicial se centra en aspectos técnicos de la adjudicación y no en las decisiones políticas tomadas al respecto por el entonces alcalde y su equipo de gobierno. Fue en febrero de 2015 cuando la alcaldesa Sara Hernández resolvió el contrato con la constructora, anunciando un nuevo proceso y el retraso hasta 2017 de la construcción del Teatro.

En su informe, la Policía Judicial también destaca que la empresa Vegas Arquitectura también fue adjudicataria de otro contrato público con un presupuesto de 199.932,47 euros tramitada también con urgencia por el consistorio en agosto de 2013 para la “remodelación en dependencia municipal del Ayuntamiento de Getafe”. La ejecución de la obra, según este informe, fue ofertada en un procedimiento negociado sin publicidad.