El juzgado número 16 pregunta al senado por la condición de Barberá

Valencia

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha dirigido un escrito al Senado en el que pide que acredite la condición de senadora de Rita Barberá (PP) para determinar si es competente para investigarla por un delito de desobediencia.

La Mesa del Senado ha visto este martes el escrito del juzgado, que busca acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo. El máximo órgano de dirección de la cámara ha acordado trasladar al Supremo la solicitud al considerar que no corresponde al Senado contestar al juzgado, ha informado el vicepresidente de la cámara, Pedro Sanz, que sólo ha precisado que la petición está relacionada con un delito de desobediencia.

Según ha sabido la SER, el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia se ha hecho cargo de la denuncia que en mayo del año pasado presentaron el diputado socialista José Luis Ábalos y el abogado madrileño Eduardo Ranz por el incumplimiento de la ley de la memoria histórica, al no retirar ni la nomenclatura franquista de las calles, ni los símbolos, después de que el Tribunal Superior de Justicia se declarara no competente para ver una denuncia anterior.

Los hechos denunciados se referían a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

EL TSJ adujo que en mayo de 2015, con motivo de la convocatoria de las elecciones municipales, Barberá perdió su condición de aforada porque dejó de ser diputada. Así que los socialistas recurrieron a la justicia ordinaria. Ahora, casi un año después y como consecuencia de las elecciones del 20 de diciembre, la ex alcaldesa es senadora y el juzgado ha pedido a la cámara alta que acredite esa condición. Pero como ocurriera hace unos días con la Operación Taula, el senado ha respondido que debe ser el Supremo el que acredite esa condición.