Críticas al Ayuntamiento por no asumir facturas de agua de sus viviendas vacías

Cáceres

En Cáceres continúa la polémica con los cortes de agua por impago de facturas en Aldea Moret. Si el Ayuntamiento ha reclamado a la Junta que pague en las viviendas sociales propiedad del gobierno regional, ahora los vecinos de bloques de titularidad municipal denuncian que el Consistorio no está pagando el mínimo de aquellos pisos vacío que el propio Ayuntamiento cacereño ha cerrado, incluso tapiado para evitar ocupaciones. Exigen que lo asuman y que instalen contadores individuales para sustituir a los comunitarios con los que la factura se reparte entre la comunidad.

Estas reivindicaciones las hacen tanto la asociación de vecinos afectados por las viviendas municipales de Aldea Moret, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Red de Solidaridad Popular. Según estos colectivos, “si 60 viviendas sociales de la barriada son titularidad de la Junta de Extremadura, cerca de 40 del Ayuntamiento están cerradas y sin ningún pago del mínimo de agua, algo que genera un gasto medio mensual de entre 20 y 25 euros que repercute en el resto de vecinos”. Así hasta deudas anuales de 350 euros, lamenta José Rodríguez Bello, presidente vecinal. Algunos pisos de su bloque “llevan año y medio cerrado, sin inquilinos, pero otros más de seis años”.

Participar en la mesa del agua

A ello se suma los vecinos que no pueden pagar la comunidad debido a la situación económica. “Gran parte del problema viene de los contadores comunitarios, cuando la alcaldesa Elena Nevado se comprometió en reunión de mayo de 2014 a instalar contadores individuales”. Por esto, “se están generando incluso conflictos vecinales, al tener bloques que de 48 vecinos sólo 25 pagan la comunidad”, algo que pretenden llevar a la Mesa del Agua compuesta por técnicos y representantes municipales.

De momento, el equipo de gobierno sostiene que es una mesa meramente técnica donde no tendrían cabida a estos grupos de damnificados. La oposición sí que se muestra a favor de su participación.

Desde los colectivos, Pedro Cordero de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sostiene que el suministro sigue sin estar garantizado y como muestra, los últimos 300 clientes avisados por Canal de Isabel II, empresa concesionaria del servicio de agua, por impago de facturas.

Además, pese a reponerse el suministro por los cortes de enero a otros 412 usuarios, lamentan que “el Ayuntamiento esté intentando cobrar facturas por la vía de apremio con requerimientos incluso con casos en los que se ha embargado el coche o la nómina a familias en situaciones complicadas". Aún cuando se trata de un derecho humano, el acceso al agua y al saneamiento, según las Naciones Unidas, recuerda Cordero.