El Defensor del Pueblo pregunta por la atención a los refugiados en Andalucía

Sevilla

El Defensor del Pueblo andaluz quiere que la Junta informe de cuántos refugiados puede acoger y qué está haciendo para atenderlos, sobre todo a los menores. Uno de cuatro refugiados que llegan es menor de edad, y la oficina que dirige Jesús Maeztu se ha interesado por las medidas que está adoptando el gobierno andaluz para atenderlos e integrarlos.

La consejería de Justicia le ha respondido: que está dispuesta a aceptar a cuantos refugiados tengan derecho de asilo, pero que las competencias de asilo y refugio son del Estado.

El defensor del pueblo abrió la queja de oficio para que la Junta le informe de qué está haciendo para atender a los que lleguen y cuántos podría acoger. Jesús Maeztu quiere que la Junta aporte esta cifra para que el gobierno central pueda hacer sus estimaciones.

La mayoría de los refugiados vienen a Andalucía de paso, y se estima que unos 8.000 han entrado por la costa mediterránea de camino al norte de Europa.

El Defensor también se ha interesado por qué medidas concretas está tomando la Junta para atender a los menores que llegan y resolver sus necesidades sanitarias, educativas, afectivas y de superación de los traumas vividos durante la guerra y su desplazamiento. Uno de cada cuatro refugiados que llega a Europa es menor.

La Junta de Andalucía no sabe si quiera si alguno de los 18 refugiados sirios acogidos por España está en nuestra comunidad.

Aquí en Andalucía, en su respuesta al defensor del pueblo andaluz, la consejería de Justicia recuerda que las competencias de refugio y asilo son exclusivas del Estado. Sí son competencias autonómicas las políticas de integración en las que tiene experiencia de colaboración con ONG que atienden a refugiados. 'Estamos totalmente dispuestos', asegura el consejero de Justicia, Emilio Llera, que remitió este viernes su respuesta al defensor.

El gobierno andaluz, junto a otros diez gobiernos autonómicos, ha suscrito una declaración institucional para pedir más información al ejecutivo central y que cambie su postura en la Unión Europea.