La Comunidad de Madrid cambiará la forma de contratar la seguridad privada
El gobierno regional planea empezar a hacer grandes contratos centralizados y divididos en lotes a partir de 2017 para reducir gastos y evitar empresas que incumplen los convenios
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Madrid
La Comunidad de Madrid mueve ficha en uno de los ámbitos más problemáticos en materia de contratación pública y de impagos a trabajadores: la seguridad privada. Según confirman fuentes del gobierno regional, a partir de 2017 las distintas consejerías dejarán de licitar sus propios contratos para adjudicar la seguridad de sus distintos edificios y sedes, pasando a un sistema de grandes contratos centralizados desde una única consejería que después se dividirán en varios lotes.
Se trata de una iniciativa que parte de la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda: contratos únicos más voluminosos divididos en lotes que incluirán la seguridad privada de todos los edificios dependientes de la Comunidad de Madrid, con los que la administración pretende no sólo ahorrar en costes sino también evitar a empresas que terminan por no cumplir con los convenios colectivos o incurriendo en impagos a los trabajadores.
En los últimos años, la administración pública madrileña ha tenido diversos problemas con empresas dedicadas a la seguridad privada: en el caso de ESABE, la justicia detuvo a su directiva por un supuesto fraude de más de 50 millones de euros a la Seguridad Social. En el caso de Seguridad Integral Canaria, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un ERE que afectaba a cerca de 70 trabajadores, algunos de ellos en la seguridad de Metro de Madrid.
A finales del mes de enero, Radio Madrid también reveló que la empresa Marsegur - adjudicataria de la vigilancia de residencias infantiles - también incumplía la normativa con un convenio propio con cantidades por debajo de las directrices nacionales.
El caso de Magasegur
Fue la semana pasada precisamente cuando la Comunidad de Madrid se sentó a la mesa con los sindicatos y la empresa Magasegur: esta adjudicataria de las seguridad de edificios de hasta tres consejerías presentó el preconcurso de acreedores entre denuncias de los trabajadores de incumplimientos del Convenio Colectivo. Finalmente, la empresa ha renunciado a sus contratos públicos con la Comunidad de Madrid y el gobierno regional sacará un nuevo concurso para el próximo mes de abril con una nueva empresa. Un nuevo contrato que obligará a subrogar a los trabajadores actuales.
Desde UGT, José Olmo expone más casos en los que empresas de seguridad privada incurren en impagos mientras contratan con administraciones públicas: “Teníamos ya casos como ESABE o Falcon, que si no somos ágiles nos encontramos con que los trabajadores se tiran ocho meses sin cobrar como con ESABE, la situación es totalmente imposible", asegura en declaraciones a la SER.
Según asegura en su página web, Magasegur tiene entre sus clientes no sólo a la Comunidad de Madrid sino al Gobierno de España, la Agencia Tributaria, la Junta de Andalucía o la Generalitat Valenciana, entre otros. Olmo también responsabiliza a las administraciones públicas de esta situación: "Es la desencadenante por dar contratos en baja temeraria".
