Tribunales

La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de un colegio en El Boalo a una empresa investigada en Alicante

Un juez de Alicante investiga si el consistorio de la ciudad adjudicó 5 millones de forma fraudulenta a Becsa

Ayuntamiento de El Boalo, donde está siendo construido el instituto / Consejería de Economía

Madrid

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha adjudicado la construcción de un instituto público en el municipio de El Boalo a una empresa investigada en Alicante por supuestos amaños de contratos públicos en esa ciudad. Se trata de Becsa S.A, que se ha adjudicado este contrato de 888.860 euros en Madrid después de superar las otras 41 ofertas presentadas por otras empresas en un procedimiento abierto de adjudicación. 

La investigación permanece abierta desde hace algunos años en el juzgado de instrucción nº 2 de Alicante: el juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que desde el consistorio alicantino se amañaron contratos públicos y adjudicaciones a ésta y a otra empresa por valor de cinco millones de euros procedentes del Plan E, la inyección económica del gobierno socialista en 2009 para fomentar la obra pública. Un caso todavía en fase de instrucción recientemente impulsado por el Ministerio Público, que a principios del pasado mes de febrero llamó a declarar a diversos testigos. 

Según reveló hace un año el diario El Mundo, la Policía se incautó de diversa documentación en la sede alicantina de esta empresa castellonense durante un registro: apuntes sobre procedimientos de adjudicación pública que según los investigadores apuntan a posibles amaños al dar por hecho en diversas anotaciones que el contrato les sería adjudicados a ellos. En su momento resultó imputado un empresario de esta entidad, junto con el de otra empresa y un funcionario de la Concejalía de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante. 

Desde la Consejería de Educación aseguran que no existe una sentencia firme por este caso instruido en Alicante - todavía está en fase de investigación - y que no adjudicarle el contrato cuando había presentado la mejor oferta podría suponer un delito de prevaricación por parte de la administración. 

 
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