Se abre el juicio oral contra el alcalde del PP de Hoyo de Manzanares
El fiscal solicita dos años de inhabilitación de cargo público por el delito de desobediencia y la acusación particular tres años de cárcel por usurpación de funciones públicas
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El alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras en un evento de SER Madrid Norte / SER Madrid Norte
Hoyo de Manzanares
La clave del caso nos lleva hasta el año 2008, cuando en una moción de censura al ejecutivo del PP, la concejal independiente Carmen Torralba votaba inicialmente “no”. Rectificó tras la interpelación del portavoz del grupo pero el cambio de voto no fue tenido en cuenta por el secretario municipal. Dos meses después el pleno estimaba el recurso y realizaba un nuevo recuento de votos que otorgaba la alcaldía a José Ramón Regueiras.
Paralelamente el PSOE conseguía a nivel judicial que se ordenará computar el voto de la concejala como positivo, lo que provocó que el alcalde del Partido Popular, José Antonio Antolinez propiciara el cambio efectivo de gobierno en mayo de 2009. La contradicción judicial viene de mano de una demanda del letrado de la corporación Alfredo Luis Espinosa que conseguía que el TSJM, cinco meses después de que José Ramón Regueiras accediera a la alcaldía, revocara la sentencia anterior y diera “plena validez y eficacia” el primer recuento de votos. A pesar de que la sentencia era firme y susceptible de ejecución, el alcalde José Ramón Regueiras y según recoge el mismo escrito judicial, su asesor Francisco Javier Cardona “incumplieron de forma fragante el contenido de la resolución y continúo ejerciendo como alcalde” hasta las siguientes elecciones de mayo de 2011.
Tras varios recursos denegados ante el Tribunal Supremo ahora la justicia abre juicio oral contra el actual alcalde – ahora en el Partido Popular- y letrado interino de la corporación local en el año 2008, Francisco Javier Cardona. Ambos comparecieron ante el juez el pasado 18 de marzo.
El Ministerio Fiscal solicita por el delito de desobediencia la pena de 10 meses de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público durante 2 años y las costas procesales.
La acusación particular además pide 3 años de prisión por el delito de usurpación de Funciones Públicas e incluye cuantías económicas por responsabilidad civil. En concreto 30.000 euros al ex alcalde José Antonio Antolinez Sousa por lo que hubiera obtenido si hubiera continuado en su cargo y otros 50.000 euros por daños morales.
El juzgado de Colmenar marca además una fianza con carácter solidario de 155.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y manda el caso al juzgado de lo penal de Madrid para que fije la fecha del juicio.
