Ana Botella vendió 3.000 pisos públicos a un fondo buitre de forma ilegal

Madrid

El informe, al que ha tenido acceso la SER, analiza las operaciones de venta a fondos 'buitre' de casi 7.000 propiedades de la empresa pública que gestiona la vivienda protegida en la capital durante los años 2012 y 2013. 3.000 eran pisos con calificación de vivienda protegida a los que accedían -en régimen de alquiler y en algunos casos con derecho a compra- familias que vieron como sus condiciones sufrían importantes modificaciones durante la renovación de sus contratos. Tras la venta, la nueva empresa gestora de las viviendas aplicó mensualidades más elevadas al vencimiento de los anteriores contratos, lo que que provocó impagos y posteriores desahucios sin que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por aquel entonces por Ana Botella, hiciera nada por impedirlo.

El trabajo, sujeto ahora a las alegaciones de las partes, detecta que en esas ventas, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) -por orden expresa del Ayuntamiento de Madrid- cometió distintas irregularidades. "Prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación" y "procedió a la venta sin la existencia de pliegos de condiciones" o sin establecer el valor real del mercado de esos pisos, que se terminaron vendiendo por debajo de su precio.

Según la Cámara de Cuentas tampoco no se cumplieron en estas operaciones "los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". El organismo que fiscaliza el trabajo de la administración madrileña, resalta que el Ayuntamiento, a través de su empresa pública, vendió 18 promociones a dos entidades jurídicas "del mismo grupo societario" y lo hizo además sin fijar previamente el precio de la venta. "Han sido los interesados en la compra los que han fijado el precio de la venta que ha sido aceptada por el órgano de contratación".

El informe entiende que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se desentendió a la hora de asegurar las obligaciones posteriores de los compradores con los inquilinos y renunció a la creación de una comisión o "instrumento adecuado de seguimiento y control" que debía velar por el cumplimiento de esos contratos hasta su renovación.

Los motivos de Botella

El Ayuntamiento de Madrid siempre ha defendido que aquella operación se realizó para salvar de la quiebra a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Las ventas se produjeron en pleno proceso de recortes. El plan de ajuste de Botella contemplaba la "desinversión patrimonial" para reducir la deuda de la EMVS que en 2011 y 2012 había arrojado unas pérdidas de 26,2 y 33,7 millones de euros.

Proceso de alegaciones

Este informe preliminar elaborado por la Cámara de Cuentas queda pendiente ahora de la presentación de las correspondientes alegaciones por parte de los actuales gestores de la EMVS así como de los responsables municipales de entonces. Según ha sabido la SER, la redacción de esas alegaciones ha comenzado ya. El informe fue remitido a las partes hace varias semanas.