Serrano dice que quiso "hacer un favor a la Guardia Civil" con la obra de Fitonovo

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Gregorio Serrano ha defendido este miércoles, ante la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a cambio de contratos públicos, que intentaba "hacer un favor a la Guardia Civil" cuando puso "en contacto" al directivo de dicha empresa José Antonio González Baró con mandos del Instituto Armado, para que Fitonovo asumiese y costease supuestamente la instalación de un parque infantil en el acuartelamiento de Montequinto.

Hablamos de los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo.

La comisión ha celebrado este miércoles su octava sesión de comparecencias, empezando con el concejal del PP Gregorio Serrano, responsable de Economía y Empleo durante el pasado mandato del Ayuntamiento y por cierto representante del PP en la propia comisión. Su citación en el seno de la comisión de investigación, en ese sentido, deriva del testimonio del directivo de Fitonovo José Antonio González Baró, imputado en las actuaciones y quien habría relatado que Serrano le pidió que su empresa acometiese sin contraprestación alguna la instalación de un parque infantil en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto (Dos Hermanas), accediendo a dicha solicitud para "congraciarse" con el entonces gobierno municipal del PP.

Sobre este aspecto, Gregorio Serrano ha expuesto que muy poco después de que en junio de 2011 el PP desembarcase en el Gobierno municipal, González Baró solicitó una reunión con él y en aquel encuentro, el empresario le mostró diferentes "proyectos" por valor de más de 50 millones de euros que sopesaba Fitonovo para "invertir" en Sevilla, como por ejemplo dos aparcamientos y una piscina. Serrano, al respecto, ha defendido que trasladó al empresario que tales proyectos, de ser aceptados por el Ayuntamiento, habrían de "salir a concurso", comprometiéndose a entregar las memorias técnicas de las iniciativas a las delegaciones municipales competentes según la naturaleza de cada proyecto.

Pero además, y como ha detallado Serrano, relató al empresario según su testimonio que un mando de la Guardia Civil cuyo nombre ha asegurado no recordar le había "enseñado" un "terrenito" del acuartelamiento de Montequinto, en Dos Hermanas, con el propósito de que en dicho espacio fuese instalado un parque infantil. En ese sentido, ha expuesto que trasladó este extremo a González Baró al tratarse la Guardia Civil de "un potencial cliente" para Fitonovo y para "ayudar a la Guardia Civil en ese pequeño favor que habían pedido" sus mandos, porque se trata de una institución "muy digna" y con reconocimiento social.

"Cervecita" en el acuartelamiento

Y merced a dicha conversación, según ha narrado, "una tarde de julio" acompañó a González Baró a una visita al acuartelamiento de Montequinto, donde con varios mandos de la Guardia Civil inspeccionaron el "terrenito" en cuestión y después todos ellos tomaron "una cervecita en el bar del cuartel".

Gregorio Serrano, en ese sentido, ha admitido que su función como concejal del Gobierno municipal "no era ir por los cuarteles" de la Guardia Civil y que "probablemente" su actuación no fue ortodoxa, pero ha defendido que trasladó a dicho directivo de Fitonovo el "favor" solicitado por aquel mando de la Guardia Civil, porque "sentía que tenía que echar una mano" al Instituto Armado. "Se me encendió una bombillita. Quería ayudar a la Guardia Civil en ese pequeño favor y les puse en contacto uno con otro", ha dicho negando cualquier cariz "truculento" en su actuación y defendiendo su "buena intención" en aquel gesto.

Porque según sus palabras, frente a las empresas sobre las que pesaba "una dudosa reputación" según la "rumorología" municipal, Fitonovo no era en aquellos tiempos una sociedad "salpicada" por ninguna sospecha y antes de aquel asunto "no había escuchado jamás" nada relativo a dicha empresa. "Nunca me llegó rumorología sobre Fitonovo", ha dicho asegurando que en su papel como concejal, tanto en la oposición como en el gobierno, nunca supo nada de "tratos de favor" hacia Fitonovo hasta arrancar la mencionada investigación judicial.

Sobre los testimonios que atribuyen al exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores y el ex director del área de Medio Ambiente y exedil del PP Joaquín Peña el uso de dicho servicio como "un cortijillo", Gregorio Serrano ha defendido que el Gobierno municipal del PP no "tenía nada" con Amores y que dichas versiones sobre las dinámicas del servicio municipal de Parques y Jardines y el papel de Peña deben ser "contrastadas". En ese sentido, ha opinado que Joaquín Peña es una persona "seria y honorable", si bien ha precisado que apenas había relación entre las áreas de gobierno que dirigían cada uno de ellos.

La investigación judicial sobre el caso supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, con la imputación del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); el entonces concejal de IU-CA José Manuel García; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

Celis niega que el PSOE se financiase con Fitonovo

También los exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla Alfonso Mir (PSOE), Maximiliano Vílchez (PP), Francisco Manuel Silva (IU-CA) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) han comparecido este miércoles ante la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a Fitonovo.

Gómez de Celis, otrora concejal de Presidencia y después de Urbanismo durante la etapa como alcalde del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín,  ha defendido que nunca tuvo "relación personal, directa o directa" con el imputado Domingo Enrique Castaño, exasesor del Grupo socialista y uno de los principales investigados, mientras de Manuel Gómez Lobo tiene "buen concepto", aunque nunca tuvo una relación directa con él más allá de la militancia socialista. Así, ha defendido que "en ningún caso" sus responsabilidades como concejal del entonces Gobierno municipal socialista le "permitían" tener conocimiento de los hechos investigados, dada la separación de las áreas de Urbanismo y Vía Pública.

Negando cualquier conocimiento de presuntos pagos al PSOE por parte de miembros de Fitonovo a cambio de contratos o de los hechos investigados, Rodríguez Gómez de Celis ha asegurado que "el PSOE no se ha financiado a través de Fitonovo".

Por su parte, el socialista Alfonso Mir, concejal entre 2007 y 2011 y delegado municipal del distrito Macarena, ha defendido que "jamás" se entrevistó con los directivos de Fitonovo y frente al testimonio del directivo Rafael González Palomo respecto a que dicha sociedad habría costeado una reforma en la sede de la agrupación socialista de dicho distrito, ha dicho no conocer nada al respecto, explicando que él pertenece a la agrupación Sur.

Preguntado por un recorte de prensa sobre la adjudicación de unas obras por más de 400.000 euros a dicha empresa en el distrito Macarena, bajo su mandato durante una etapa, ha dicho no recordar que desde dicho distrito contratase nada con la mencionada sociedad. Del mismo modo, ha negado que miembros de Fitonovo sean socios de su caseta de la Feria de Abril ni recuerda haberlos visto en ella, así como tampoco al exconcejal socialista imputado en la causa Manuel Gómez Lobo, porque Domingo Enrique Castaño sí habría visitado su caseta en alguna ocasión. De cualquier modo, ha negado cualquier conocimiento de "anomalías" o tratos de favor a Fitonovo o pagos de dicha empresa a cambio de contratos.

Maximiliano Vílchez (PP), de su lado, ha defendido que durante su etapa como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente le llamó "la atención" que el año previo a la llegada del PP al Gobierno municipal, Fitonovo hubiese sido adjudicataria de "diez contratos", si bien no escuchó "ni la más mínima insinuación de que hubiese irregularidades" hasta estallar el caso. Al respecto, ha expuesto que al comenzar la investigación judicial, el Gobierno municipal del PP elevó a la juez Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis, "todos los contratos" municipales con Fitonovo, incluso aquellos por los que la juez no se había interesado.

La designación de Amores

Respecto a la designación de Francisco Amores, imputado en la causa, como jefe del servicio de Parques y Jardines al desembarcar el PP en el Gobierno municipal hispalense, ha explicado que Amores "había sido jefe de servicio" con antelación, tenía "un currículum muy bueno" y estaba "especializado" en materias de parques y jardines. Sobre el contrato del segundo lote de servicios de conservación de zonas verdes y arbolado, adjudicado en 2012 a la UTE Conversa/Aldilop, si bien la sociedad satélite de Fitonovo Albaba se hizo después con la participación de Aldilop en esta UTE por un euro, Vílchez ha expuesto que "no es tan extraño o anormal" la cesión de contratos entre empresas.

Francisco Manuel Silva Ardanuy (IU-CA), de otra parte, ha expuesto que aunque fue concejal de Deportes, los contratos adjudicados a Fitonovo sometidos a investigación y relacionados con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) corresponden al periodo "posterior" a su etapa, finalizada al dimitir a propia iniciativa el 24 de septiembre de 2008. Al respecto, ha negado todo conocimiento de cualquier "instrucción" para facilitar contratos con Fitonovo y ha defendido el "escrupuloso" mecanismo de contratación del IMD.