Cifuentes quiere controlar su propia Ley de Transparencia

Madrid

"Extraño e incluso contradictorio". Así califica el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que la supervisión de la transparencia en la Comunidad de Madrid la lleve a cabo un órgano que esté presidido por un Consejero del Gobierno autonómico. Ese "órgano colegiado", de nueva creación en el Proyecto de Ley impulsado por el ejecutivo de Cristina Cifuentes, es la Comisión Interdepartamental de la Transparencia. Estaría adscrito a la Consejería competente (en este caso, la de Presidencia) y, según el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, sería el encargado de vigilar que se cumpla la ley y de iniciar los trámites para sancionar cuando no se haga.

El Proyecto de Ley contempla que el titular de la Consejería competente tendría que elaborar un informe anual "sobre el cumplimiento de la Administración regional de las obligaciones en materia de transparencia derivadas de esta ley". Ese texto, antes de ser remitido a la Asamblea de Madrid, tendría que pasar por las manos de la Comisión Interdepartamental para "formular observaciones". Lo curioso es que esa Comisión estaría presidida por la misma persona que firma el informe anual: el consejero de Presidencia, Ángel Garrido.

La Comunidad ha hecho oídos sordos a las recomendaciones del informe que elaboró la Letrada-Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia. Según Beatriz Álvarez Herranz, "no parece lógico que el que elabora el informe formule después observaciones al mismo". Califica de "extraño e incluso contradictorio" que participe la misma persona en ambos trámites, aunque reconoce que esas observaciones podrían aprobarse en la Comisión "sin el voto favorable del Presidente". Aunque hay que tener en cuenta que sólo tienen voz y voto altos cargos del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Pleno de la Asamblea vota este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley de Transparencia impulsada por el PSOE. La principal diferencia con el texto impulsado por el Gobierno de Cifuentes es que la propuesta socialista incluye la creación de un órgano independiente para llevar a cabo las labores de fiscalización. Está previsto que salga adelante gracias a los votos a favor de los tres grupos de la oposición. En el caso de que sea aprobada, continuaría el trámite parlamentario en la Comisión (donde se presentarían las enmiendas) para, finalmente, votarse en el Pleno.