El juez archiva la investigación del Plan Rabasa

Alicante

El magistrado del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, César Martínez, ha sobreseído esta investigación que trataba de dilucidar si el empresario Enrique Ortiz maniobró para modificar en su beneficio el plan Rabassa, unos terrenos en los que se pretendía instalar la multinacional IKEA.

Recordamos que en esta causa figuraban como investigados la exalcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, y el constructor Enrique Ortiz. Además del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, la jefa de Urbanismo, Isabel Campos y el técnico de esta concejalía, José Luis Ortuño.

Considera el juez que no existen los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, con la excepción "de un delito de cohecho impropio que estaría prescrito en el momento en el que se reabrió la causa" en mayo de 2013.

Además apunta que el agente urbanizador, en este caso Enrique Ortiz, debía tener "un papel activo" como tal. "Al convertirse en urbanizador, el promotor es un agente público que puede actuar con la administración y relacionarse con ella", puede leerse en el auto.

Se apoya el magistrado en la Ley Urbanística Valenciana de 2005 para afirmar que esta figura del agente urbanizador faculta a Ortiz a "adoptar una postura activa ante la administración para el continuo avance del plan, al margen de cómo se dirigiera a funcionarios o autoridades con la propuesta".

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Puntualiza que "es indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y su empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase, en este ámbito, la línea marcada por los comportamientos constitutivos de infracción penal". Ordena el archivo de la causa sin que se hayan practicado algunas diligencias solicitadas.

Los regalos y el viaje a Oporto

El magistrado considera que de haber delito sería uno de cohecho impropio, pero que ya ha prescrito y harían referencia a los regalos que habrían recibido algunos de los investigados. Es el caso del bolso de marca para Isabel Campos o a las tarjetas para estacionar gratis en los aparcamientos propiedad del empresario. Puntualiza el magistrado que no eran los únicos en el Ayuntamiento de Alicante que contaban con ellas.

En cuanto al viaje a Oporto para conocer un centro de IKEA que realizó la exalcaldesa Sonia Castedo tampoco ve el juez delito en ello.

Igualmente no considera acreditado que el empresario abonara la cantidad de 45.000 euros al marido de Isabel Campos.

Las partes

El juez critica a las acusaciones, Esquerra Unida y socialistas, que no han fundamentado suficientemente los delitos que se atribuyen a los investigados.

Además les afea que, una vez suspendido el Plan Rabassa, no se hubiera trasladado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que además el Ayuntamiento había firmado un convenio con IKEA para su instalación en la ciudad si tan claro tenían que se estaban produciendo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

También se dirige el juez al grupo de blanqueo de la Policía Nacional para criticar la tardanza en la confección de un informe sobre el patrimonio de Isabel Campos y su marido.

El vicesecretario del PSOE en Alicante, Lalo Díez, ya han anunciado que su partido recurrirá la decisión del juzgado alicantino de archivar provisionalmente la causa.

El primer teniente de Alicante y miembro de Esquerra Unida, Miguel Angel Pavón, criticaba el contenido del auto y anunciaba también la decisión de recurrir.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, muestra plena "confianza" en la justicia y exige respeto a la decisiones judiciales al tiempo que ha manifestado que espera que el archivo se convierta en definitivo.

La causa de Rabassa es una de las piezas separadas que se estaban investigando a raíz de las escuchas policiales del Caso Brugal. La otra gran causa desgajada es la de las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante donde también están investigados la exalcaldesa Castedo, su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi y el empresario Ortiz, entre otros.