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Un juzgado de Lebrija aprecia un agujero de 6 millones en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir

Envía la causa a Sevilla porque considera que él exconsejero Fernández ha podido cometer un delito de prevaricación, al tratarse de dinero dado a la formación que no se ha destinado a ese fin

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Sevilla

El juzgado de instrucción número 1 de Lebrija ha remitido a los juzgados de Sevilla para reparto una investigación que afecta al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. La Fiscalía considera que ha podido cometer un supuesto delito de prevaricación al permitir que la Mancomunidad de Municipios del Guadalquivir dejara de justificar el dinero que recibió para formar a desempleados entre 2007 y 2010. Son seis millones de euros que supuestamente no se han destinado a formación, según cree el fiscal.

Antonio Fernández, según considera el juez y el fiscal que han investigado el caso, era el responsable último "de excusar las justificaciones de los pagos y dictar las resoluciones de exoneración". Resoluciones de exoneración, que según explican, están previstas en la ley pero como algo excepcional y no para que cada año sea la forma habitual de proceder.

No está previsto en la ley, según argumentan, que el consejero permita que no se justifiquen las subvenciones año tras año, entre 2007 y 2010, como ha ocurrido en este caso.

En los juzgados de Lebrija existen una decena de procedimientos donde se investiga a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

 
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