Los bancos abonarán los servicios de la Junta si se retrasa en los pagos

Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciado este martes la tramitación de un decreto que establecerá una nueva regulación sobre la garantía de tiempos de pago en sectores prioritarios, que reducirá a 20 días el plazo máximo de abono a los servicios esenciales relacionados con sanidad, educación y servicios sociales y establecerá una "garantía de pago" en caso de incumplimiento por parte de la administración autonómica.

Asimismo, junto con la reducción del tiempo de pago por servicios prioritarios y concesión de becas y ayudas al empleo, el decreto también fija en un máximo de 45 días el plazo para el pago de subvenciones en estas áreas esenciales.

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el objetivo del decreto, "que no existe en ninguna otra comunidad autónoma ni en la Administración central", es "proteger los servicios esenciales" y la "sostenibilidad del Estado del Bienestar" garantizando el pago en plazo de "las nóminas que dependen de los contratos de la Junta".

Montero, que espera que este decreto, de carácter transversal, se apruebe en tres o cuatro meses y esté en vigor antes de finales de año, ha destacado que el decreto reconoce el derecho del "beneficiario a acudir a una entidad financiera para que le abone la factura correspondiente sin coste adicional" en caso de que "la administración no la abone en tiempo y forma", algo que, según ha subrayado, "no existe en ninguna otra administración".

Según la titular de Hacienda, la entrada en vigor de este decreto, que también incluye al sector instrumental, permitirá garantizar pagos "por más de 6.000 millones de euros" a sectores prioritarios, en concreto 3.000 millones de euros en salud, 1.600 millones en educación y 1.520 millones en servicios sociales.

Un millón de facturas

Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80 por ciento de lo presupuestado del total de los capítulos II (gasto corriente en bienes y servicios) y IV (transferencias corrientes), excluyendo las transferencias a las empresas públicas.

En el área sanitaria la garantía alcanzará a unas 460.000 facturas anuales (3.000 millones de euros); en educación a 560.000 (1.630 millones), y en servicios sociales a 140.000 (1.520 millones).

Los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A ello se añade, como novedad, la creación de la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras, donde podrán solicitar certificados que acrediten posibles deudas vencidas, líquidas y exigibles a la Administración. También podrán reclamar en el caso excepcional de que alguna factura no se abone en 20 días y hacer efectiva esta garantía de tiempo de pago.

El contratista, proveedor o beneficiario de una subvención que presente una reclamación ante la nueva Oficina de Atención, y al que se le hará "un seguimiento de su caso", recibirá, en un máximo de siete días, una respuesta de la Administración indicándole la fecha exacta del pago, o bien otorgándole una acreditación positiva para hacer efectiva la garantía de pago en la entidad financiera que colabore con la Junta.