Manuel Chaves: "Es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni fraude"
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán están citados este lunes ante la comisión parlamentaria para responder de la concesión de subvenciones para cursos
Sevilla
Manuel Chaves, que estaba citado a las 16 horas cerrarán esta ronda de comparecencias ante la comisión de investigación de la Formación, ha comenzado su comparecencia afirmando con rotundidad que durante sus años al frente de la Junta de Andalucía nunca firmó ninguna decisión que fuera ilegal, ni tuvo nunca conocimiento de ninguna ilegalidad y que tampoco las hubiera permitido.
"Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena; seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión", ha dicho Chaves antes de someterse a las preguntas en la comisión del Parlamento que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002.
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Chaves, que fue presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha señalado que es "posible" que se pudieran haber cometido actos ilícitos, pero "sería por parte de quien los cometió, no de ningún directivo de la Administración", y ha reiterado que la ejecución fue "positiva, razonable, útil y eficaz".
Ha expresado su convencimiento, en este sentido, de que la administración laboral de la Junta que ejecutó la formación profesional y las políticas activas de empleo "lo hizo en el marco de la más estricta legalidad de la distribución de competencias que correspondían tanto al Estado como a la Junta".
La comisión de investigación analiza las concesiones de subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 hasta la actualidad.
La comisión de investigación de los cursos de formación no es la primera comsión en la que comparencen los expresidentes de la Junta. Ya lo hicieron en 2012 cuando el parlamento andaluz investigó el caso de los ERE, donde ambos defendieron la legalidad de sus actuaciones.