Chaves y Griñán defienden la legalidad de su gestión en la Junta

Manuel Chaves ha sido el primero en comparecer, estaba citado a las 16 horas de este lunes. El expresidente de la Junta ha comenzado su comparecencia afirmando con rotundidad que durante sus años como presidente nunca firmó ninguna decisión que fuera ilegal, ni tuvo nunca conocimiento de ninguna ilegalidad y que tampoco las hubiera permitido. «Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena; seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión», ha dicho Chaves antes de someterse a las preguntas en la comisión del Parlamento que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002. Chaves, que fue presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha señalado que es «posible» que se pudieran haber cometido actos ilícitos, pero «sería por parte de quien los cometió, no de ningún directivo de la Administración», y ha reiterado que la ejecución fue «positiva, razonable, útil y eficaz». El expresidente ha expresado su convencimiento, en este sentido, de que la administración laboral de la Junta que ejecutó la formación profesional y las políticas activas de empleo «lo hizo en el marco de la más estricta legalidad de la distribución de competencias que correspondían tanto al Estado como a la Junta». Tras la comparecencia de Chaves ha sido el turno de José Antonio Griñán. El expresidente de la Junta, que ocupó el cargo entre 2009 y 2013, ha mostrado su convencimiento de que la Administración regional actuó de acuerdo con la legalidad y ha afirmado que «las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella». Griñán ha sostenido que en esta cuestión la Administración «ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas». El expresidente andaluz ha resaltado que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones como «garantista» y ha subrayado que «no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía». «En esta cuestión el gran problema es que no hay suficientes recursos humanos para desarrollar todas las funciones» relacionadas con las ayudas, ha mantenido Griñán. La comisión de investigación de los cursos de formación no es la primera comisión en la que comparecen los expresidentes de la Junta. Ya lo hicieron en 2012 cuando el parlamento andaluz investigó el caso de los ERE, donde ambos defendieron la legalidad de sus actuaciones.

Chaves y Griñán defienden la legalidad de su gestión en la Junta

Chaves ha asegurado que nunca firmó ninguna decisión que fuera ilegal.

Griñán ha sostenido que en esta cuestión la Administración "ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas"

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