El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán por prevaricación

El juez Álvaro Martín, que instruye la pieza política del caso de los ERE, da por terminada la investigación y procesa a 25 personas, entre ellos a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por los supuestos delitos de prevaricación continuada y a Griñán también le imputa supuesta malversación de fondos públicos. Quedan fuera de la causa 25 imputados hasta hoy. Otra falleció mientras era investigada y otra ha sido declarada incapaz. También procesa al exvicepresidente Gaspar Zarrías, sólo por prevaricación y a la exconsejera Magdalena Álvarez, por el mismo delito. Los demás exconsejeros procesados son Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Agüayo a los que considera responsables de los supuestos delitos de prevaricación y malversación continuada. Martín dirige el procedimiento contra el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, y contra el que fuera máximo responsable de los servicios jurídicos del ejecutivo andaluz, Francisco del Río. El juez considera que han cometido la supuesta malversación todos aquellos que a partir de 2005 recibieron informes de la Intervención donde se advertía de las supuestas irregularidades en el procedimiento que se usaba para pagar las subvenciones. Los imputados, se puede leer en el auto, «mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación». Tras el primer informe de la Intervención General de 25 de julio de 2005 referido a 2003 «no era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con tatal discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos y asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello el erario de la Junta». En referencia al director general de Trabajo que era quien concedía las ayudas investigadas aunque carecía de potestad para ello. El magistrado exculpa al presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel, que formó parte del Consejo Rector de la Agencia pública IDEA, el organismo pagador de las subvenciones. También salen de la causa el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz. Entre los procesados se encuentran los tres exdirectores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Todos ellos participaron en la creación, gestión o concesión de ayudas a empresas, que supuestamente estaban en crisis, a través de la partida presupuestaria 31L, que se incluía en los presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento. Empleo transfería el dinero a la Agencia IDEA, que abonaba las subvenciones, lo que supuestamente evitaba el control previo de la Intervención. Según la investigación estas ayudas se dieron al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta. En muchos casos no consta ni siquiera la solicitud de la subvención por parte del beneficiario ni tampoco la resolución de concesión. Dice el auto que desde el año 2000 y hasta 2011 se aplicó en la Junta un procedimiento específico para «conceder ayuda y subvenciones al que se dotaba de forma irregular de los fondos públicos precisos para su discrecional o arbitraria distribución». En total el juez habla de que se repartieron casi 855 millones de euros. En la ejecución de estos hechos, señala la resolución, «se produjo la intervención de una pluralidad de personas a lo largo del tiempo, sea participando de manera activa en los mismos, sea omitiendo, de manera absoluta, sus deberes de vigilancia y cuidado». Todos, «concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo los actos necesarios para la implantación, manenimiento y funcionamiento del procedimiento», al que el exconsejero Fernández en su declaración judicial calificó de «específico». Para el magistrado no existe una «explicación mínimamente razonable» para justificar lo que ha ocurrido «si no es la de pretender eludir los procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser una explicación inaceptable». El caso de los ERE comenzó a investigarse en enero de 2011 a partir de la investigación abierta a la empresa Mercasevilla, donde aparecieron varios trabajadores que habían resultado beneficiarios de una póliza de prejubilación cuando nunca habían trabajado en el mercado central de Sevilla. El Fiscal y las acusaciones tienen 45 días para formular acusación y solicitar la apertura de juicio oral o para pedir el sobreseimiento. Excepcionalmente también pueden solicitar «la práctica de diligencias complementarias que resulten indispensables para formular acusación», según explica el juez. El plazo comenzará a contar a partir de que se reciban diferentes documentos requeridos a la Intervención del Estado y de la Junta, o al Gobierno andaluz. El auto se puede recurrir.

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El magistrado deja fuera a los exconsejeros Recio, Soler y Ávila y al presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel y a otra veintena de exaltos cargos

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