Valiño niega favores a empresas amigas en su etapa como alcalde

Lugo

El exalcalde del PSdeG en Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, declaró ayer en la Audiencia Provincial de Lugo, en la primera jornada del juicio por la Operación Rei, durante casi tres horas, para negar que favoreciese en su etapa como alcalde a empresas amigas o familiares en la concesión de obras púbicas del Plan E en el año 2008.

Ante las preguntas del Ministerio Fiscal, matizó datos del escrito de acusación y contextualizó grabaciones que se utilizaron como prueba. De hecho, señaló que algunas de las obras que se le atribuyen, no fueron contratadas en su etapa.

Valiño respondió a todas las preguntas excepto las de la acusación popular, como también hicieron los otros siete acusados, entre ellos el teniente de alcalde de Castro de Rei – que ocupaba el mismo cargo en la etapa de Valiño-, dos ex concejales y la secretaria municipal. También declararon un ingeniero, un arquitecto y un empresario.

El juicio arrancó a las 11,00 horas, pese a que las defensas solicitaron previamente su aplazamiento por la ausencia del juez titular, Edgar Fernández Closs, que se encuentra de baja por enfermedad. El fiscal de Lugo no se opuso a esta solicitud de suspensión, pero los argumentos esgrimidos por las defensas y las dudas de la Fiscalía no fueron suficientes para suspender temporalmente el juicio, por entender que puede continuar a través de la figura del juez suplente.

Esta operación sienta en el banquillo a ocho acusados por su participación en adjudicaciones de contratación de obras y servicios públicos a empresas sin seguir, supuestamente, los procedimientos establecidos, entre ellos el exalcalde Juan José Díaz Valiño y el actual teniente de alcalde, Roberto Lorenzo (antes de Terra Galega y ahora edil del PP), que es el único acusado que se sienta en el banquillo en su condición de concejal.

Valiño está acusado por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, tráfico de influencias por funcionario público y delito continuado de cohecho, por lo que le piden en total cuatro años y diez meses de prisión, 16,5 años de inhabilitación y multas que suman 77.320 euros.

Al que era teniente de alcalde y que continúa como edil, Roberto Lorenzo, que continúa ejerciendo estas funciones en Castro de Rei, se le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, para lo que piden nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público. El mismo delito y la misma pena también se pide para los exconcejales Antonio Balado y Ana María Canto.

La secretaria municipal María José F.L. está acusada de un delito de prevaricación urbanística, por el que le piden ocho años de inhabilitación; y otro de falsedad en documento público, por el que solicitan cuatro años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 4.320 euros.