Cargos provinciales avalan adjudicaciones del Plan E

Lugo

La Audiencia Provincial de Lugo acogió este jueves la tercera y última jornada del juicio por la Operación Rei, sobre la adjudicación de obras y servicios sin seguir presuntamente los procedimientos reglados en el ayuntamiento de Castro de Rei, cuando Juan José Díaz Valiño (PsdeG) era alcalde, en los años 2008 y 2009.

Con la previsión de declaración de cerca de treinta testigos, la jornada arrancó con las comparecencias de cargos o ex cargos políticos en la Diputación de Lugo que de algún modo estuvieron implicados en las adjudicaciones del mantenimiento de las carreteras de la provincia.

El exdiputado de Vías y Obras, Manuel Martínez, la exdiputada de Economía, Regina Polín, y el exsecretario general de la Diputación, José Antonio Mourelle Cillero, negaron que Díaz Valiño les expresase en aquel momento algún interés por adjudicar el mantenimiento de carreteras de la zona en la que se incluia su municipio a una empresa amiga. Además, afirmaron no tener constancia de que el ex alcalde presionase a algún técnico sobre esta cuestión.

Martínez y Polín también fueron preguntados en calidad de alcaldes de Becerreá y Guitiriz, respectivamente, sobre si habían sufrido dificultades aquellos años para sacar adelante las adjudicaciones de las obras del Plan E, impulsado por Rodríguez Zapatero. Ambos coincidieron al señalar los obstáculos para cumplir los plazos establecidos, en tanto que había "mucha obra pública" y las empresas no tenían capacidad para concurrir a tantos concursos en distintos concellos, en concordancia con las tesis expresadas el martes por los acusados.

Por otra parte, estos tres testigos, además del ex concejal de Castro de Rei, Mario Saavedra, advirtieron de que los informes de los técnicos sobre las adjudicaciones siempre son públicos, por lo que cualquier empresario o ciudadano particular podía estar presente.

Con respecto a las irregularidades del conocido como edificio Marballe, en Castro Ribeiras de Lea, construido con anterioridad al mandato de Díaz Valiño, fue preguntado un arquitecto, que insistió en el ánimo del ex alcalde de buscar una solución para las familias que habitaban las cuarenta viviendas del inmueble.

Sobre este mismo asunto fue interrogado en calidad de testigo el actual alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado -hermano del acusado Antonio Balado- que hizo un relato de la actuación de su gobierno para la reposición de legalidad del edificio dentro de los marcos legales.

Esta operación sienta en el banquillo a ocho acusados: el ex alcalde, Juan José Díaz Valiño, el teniente de alcalde Roberto Lorenzo (en aquel momento con Terra Galega y actualmente con el PP), dos ex concejales -Antonio Balado y Ana María Canto-, la secretaria municipal María José Fernández, un ingeniero, un arquitecto y un empresario.

Antes de entrar en la Audiencia Provincial, el actual alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, insistió en que le pareció "desproporcionada" la forma de intervenir el Concello en 2009, "más propia de un asunto de narcotráfico".