Sociedad

Una veterinaria de la Comunidad de Madrid denuncia a Sanidad por encubrir prácticas irregulares en un matadero

Ana Ramírez ha llevado el caso a la Fiscalía. Asegura que hay ovejas que llegan al matadero en el que trabaja sin crotal y sin papeles, lo que impide conocer la procedencia de la carne que terminará en los supermercados

magrama.gob.es

Madrid

Ana Ramírez forma parte del grupo de veterinarios de la Comunidad de Madrid que controlan todos los mataderos de la región. Estos profesionales son Técnicos Superiores de Salud Pública que dependen del Servicio de Gestión de la Seguridad Alimentaria, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, y se encargan de controlar las prácticas de los mataderos y comprobar que los animales proceden de donde dice su documentación, una especie de 'pasaporte' ganadero.

La denunciante trabaja desde diciembre de 2007 para la Comunidad de Madrid. Durante seis años prestó servicio en varios mataderos de ganado porcino sin detectar irregularidades en ninguno de ellos. En 2013 fue trasladada a un matadero de ganado ovino cuyos dueños tienen también un cebadero de corderos. En apenas unos meses, Ana se dio cuenta de que no se cumplían las normas y lo denunció a su superior.

Los dueños les colocaban el pendiente identificador de su cebadero (crotal) a las ovejas al llegar al matadero y obtenían papeles (documentación) para ellas y así darles cobertura legal, como si procedieran de su cebadero de corderos. La veterinaria asegura que todo animal "tiene que llevar su pendiente o crotal, y sus papeles en regla, porque es la única forma de saber de dónde proceden y controlar su identidad".  De esta forma, se pierde la trazabilidad de los animales "al falsear su origen y su identificación es imposible conocer cual es su procedencia real".  Ana denunció este hecho a su superior que le dijo "que mirara hacia otro lado" que “el papel lo aguanta todo”.

"Estamos ante un grave problema de salud pública porque la carne de esa oveja va a pasar después a los canales de venta de alimentación", critica la veterinaria.

Tras la denuncia a su inmediato superior y el caso omiso que hizo de la misma, Ana solicitó una reunión con la Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que ordenó la realización de varias inspecciones. "Las labores de inspección en el matadero las realizamos los mismos veterinarios que trabajamos allí. Eso sí, previo aviso por parte de mi jefe a los dueños del mismo. Imagínate qué tipo de calidad que tuvieron esas inspecciones".

Cuando los dueños se enteraron de que Ana Ramírez había contado en la consejería lo que había visto, intentaron amedrentarla. "Me dijeron que si se cerraba el matadero por mi culpa me iban a enterrar en un olivar". Tras denunciar las amenazas, la Subdirección General la separó del matadero para buscarle una nueva ubicación laboral. Después de tres meses esperando su nuevo destino intentaron volver a enviarla al mismo sitio. Desde entonces, Ana está de baja médica.

La Consejería de Sanidad asegura que todas las prácticas sanitarias que se realizan en el matadero son correctas. 

 
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