Dos informes municipales descartan las reclamaciones de Carflor
Los documentos emitidos por intervención y contratación señalan que, en ningún momento, el ayuntamiento hace dejación de funciones de lo que la empresa firmó en el contrato de 2015
R.B.
Ponferrada
Dos informes, uno de contratación y otro de la intervención municipal de Ponferrada, echan por tierra las críticas lanzadas por la empresa Carflor y por Ciudadanos sobre los supuestos perjuicios que se están ocasionados tanto a la empresa como a los ciudadanos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Ha sido el concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz quien los ha puesto sobre la mesa harto de las críticas infundadas que, a su juicio, lanzan desde el grupo municipal de la formación naranja.
En esos informes, queda claro por ejemplo que, en ningún caso, el acuerdo firmado en 2015 por la empresa obliga al ayuntamiento a pagar el millón y medio de euros en los que está estipulado el máximo de la licitación dado que la compañía sólo cobra por las horas que realiza.
En el documento también queda claro que la compañía es conocedora de este sistema de cobro por horas dado que ya se encargó bajo la misma fórmula del servicio de Diputación cuyas altas en el servicio del mismo modo que en Ponferrada se hacen posibles una vez que la Junta de Castilla y León reconoce los grados de dependencia.
Tal y como a la propia Carflor le sucedió en el servicio con Diputación, las horas pueden variar anualmente y, de hecho, han sido a la baja desde 2011. Prueba de ello es que la compañía firmó con Ponferrada un contrato de 102.000 anuales con un precio máximo a percibir de 1.500.000 euros cuando la adjudicataria Clece ya realizó la misma prestación por 105.000 euros y un precio máximo de un 1.690.000 euros. Aún así en uno de los escritos remitidos al ayuntamiento reclama una indemnización de 198.000 euros además de los perjuicios causados durante el año firmado de prórroga hasta febrero de 2017. Es más, en ese escrito, la compañía acusa al equipo de gobierno que la contrató en 2015 de ‘inflar’ las horas y engañarles en sus expectativas, una cuestión que Muñoz no acierta a comprender porque, en realidad, eso sería un delito penal y no un tema de contencioso administrativo tal y como ha interpuesto la compañía.
El edil ha vuelto a insistir en que sólo las quejas de los usuarios le obligarán a intervenir en una situación que ha supuesto la petición de un ERTE por parte de la empresa que, reconoce, resulta sorprendente ya que, desde que firmó la prórroga en febrero, ha realizado 1.900 horas más e ingresado a 25.000 euros más.
