UGT denuncia un fraude de ley en las oposiciones a profesor en Madrid
El sindicato asegura que la Comunidad no respetó los plazos para poder recurrir el nombramiento de 11 miembros de tribunales. Cuatro de ellos habían sido recusados por no respetar la ley de incompatiblidades. Los nuevos nombramientos se publicaron un día antes del examen
Madrid
Un día antes de las oposiciones a profesor de secundaria y Formación Profesional. El 17 de junio. Ese día, la consejería de Educación publica en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) 11 nuevos nombramientos de miembros de tribunal. A apenas 24 horas del examen. En la publicación oficial, la Comunidad lo llama "correción de errores", pero no se trata de un error formal, según los sindicatos, como puede ser equivocarse en el número de un DNI. Educación está subsanando los recursos presentados contra varios docentes (al menos cuatro miembros del tribunal) designados a dedo de forma irregular. La consejería de Van Grieken no se percató de que era incompatible que estas personas examinaran a opositores a los que habían estado formando en academias privadas (una de las causas de incompatibilidad que recoge la normativa vigente a la hora de conformar tribunales de oposiciones).
UGT denuncia que no se respetaron los plazos y que, por tanto, puede tratarse de un fraude de ley. "Saben que hay una denuncia de nuestro sindicato, que hemos detectado irregularidades en algún nombramiento, y para subsanar ese error han cometido otro, privando al ciudadano, por interés propio o general, el tener un periodo de reclamación en un nuevo acto administrativo", señala Pedro Hernández, portavoz de UGT.
La Comunidad de Madrid se defiende. Según fuentes de la consejería de Educación, la administración ha realizado las sustituciones con carácter inmediato, en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos (a pesar de que la primera recusación, de la presidenta del tribunal nº1 se produjo el 1 de junio) Precisan también las mismas fuentes que no tienen un plazo estipulado para resolver las recusaciones de miembros de tribunal y que, en cualquier caso, el recurso no afectaría al funcionamiento del tribunal porque no implica, dicen, la invalidez de los actos ,salvo en casos excepcionales como en la comisión de un delito.