Condena de casi cien años de cárcel a una organización de narcos españoles

Madrid

Helicópteros realizando vuelos rasantes sobre las costas de Cádiz cargados de fardos de hachís, amenazas de muerte, testigos protegidos y agentes encubiertos. La Audiencia Nacional ha impuesto un total de 94 años y dos días de prisión y casi ocho millones y medio de euros en multas a los integrantes de una organización de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína y hachís en nuestro país tanto en helicóptero desde Marruecos como también desde países latinoamericanos a través del aeropuerto de Barajas. Entre los condenados está Julio Prieto, el exfutbolista del Atlético de Madrid, aunque no por haber participado en el tráfico de drogas sino por haber intervenido en el secuestro y retención de un socio suyo para que la trama cobrase una deuda.

Según esta sentencia de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso la SER, la condena más alta corresponde al cabecilla de la banda, Juan Ignacio B.P, a quien los jueces imponen un total de 34 años y 2 días de prisión junto con una multa de más de dos millones y medio por delitos contra la salud pública, detención ilegal, amenazas, lesiones y robo con violencia. El resto de condenas oscilan entre los dos y los diez años y medio de prisión.

Los hechos probados de la resolución, fechada el pasado mes de junio, dibujan una organización que introducía droga en España por diferentes vías – la más habitual con vuelos rasantes en un helicóptero Volkov por las costas de Cádiz – y que terminó cayendo después de que un colaborador denunciase haber sido amenazado de muerte por el cabecilla. Asustado y temiendo por su vida, se convirtió en testigo protegido y los investigadores terminaron infiltrando a un agente de la Guardia Civil en la banda: se hizo pasar por un trabajador del aeropuerto de Barajas, ofreciendo su ayuda para introducir cocaína en España desde Bolivia. El primer envío de varios kilos, controlado por los investigadores, llegó a Madrid en julio de 2013 y con él llegó también la detención de los miembros de esta banda de narcos.

El principio del fin de esta banda de narcos llegó con las amenazas de muerte a uno de sus colaboradores: era la persona que se encargaba de hacer encargos como, por ejemplo, comprar combustible para el helicóptero que traía la droga desde Marruecos, y en el pasado había hecho negocios económicos con el líder del grupo. En 2011 había ingresado en torno a un millón de euros del cabecilla procedentes del narcotráfico, un dinero que el traficante quiso recuperar cuando el helicóptero fue intervenido por la Guardia Civil en una finca de Sevilla con 27 fardos de hachís tras una persecución. Un dinero que estaba ingresado en una sociedad que el testigo protegido tenía a medias con el exfutbolista del Atlético de Madrid en los ochenta y los noventa, Julio Prieto.

Secuestro a punta de pistola en Pozuelo

Los jueces condenan a dos años de cárcel al exfutbolista y ahora representante de jugadores de fútbol no por participar en el tráfico de drogas, sino como coautor de un delito de detención ilegal: por haber participado en el secuestro de su socio, el testigo protegido, con el que tenía a medias la sociedad en la que estaba ingresado el dinero que el narcotraficante quería recuperar. Según los hechos probados, miembros de la organización quedaron con el testigo protegido en una casa de la exclusiva urbanización La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y le retuvieron y le amenazaron de muerte, llegando a apuntarle con una pistola, para exigirle el pago de 500.000 euros. Una “encerrona” que duró hora y media en octubre de 2012 que según la sentencia se hizo con el conocimiento y consentimiento de Julio Prieto, que llegó a la casa, acusó a su socio de haberse quedado con todo el dinero y se fue de allí diciendo a la banda que “hiciesen lo que quisieran” con el testigo. Posteriormente las amenazas al testigo siguieron, y se decidió a acudir a la Guardia Civil cuando un día tirotearon su casa en Torrelodones.

Los jueces dan por acreditada la participación del exfutbolista en estos hechos, quien reconoció haber acudido a la reunión pero aseguró que no vio ninguna pistola ni tampoco que su socio, al que acusó de “haber engañado a todos”, fuese amenazado o golpeado. Se basan en la declaración del testigo y también en conversaciones telefónicas intervenidas, aunque le absuelven del resto de delitos de los que le acusaba la Fiscalía: participó y permitió el secuestro, pero no se le puede condenar por lesiones o extorsión.

No es el único episodio en el que Prieto habría colaborado con la banda, aunque sí es el único considerado como delictivo por la Audiencia Nacional: la sentencia revela que después de este episodio, el líder de la banda de narcotraficantes decidió que recuperaría su dinero cobrando él directamente las deudas que jugadores de fútbol tenían con el testigo protegido. Así, y con la mediación de Prieto, consiguieron que Juan Manuel López, también exfutbolista del Atlético de Madrid en los noventa y ahora representante de jugadores, pagase a la trama los 40.000 euros que debía al testigo protegido. Durante la investigación, López declaró que en este caso “no hubo amenazas de ningún tipo” y que “de ninguna manera se sintió intimidado”. Este pago se realizó en dos citas a mediados de 2013 en un hotel de Pozuelo y también en el Hotel Ritz de Madrid.

Se trata de una sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo, que además del balance de casi cien años de cárcel y ocho millones y medio en multas deja también el decomiso de ocho coches y el helicóptero con el que la organización traía la droga desde Marruecos. El testigo protegido recuperará el reloj que los integrantes de la banda le robaron mientras le amenazaban de muerte.