El precio del favor político al Valencia CF

Valencia

La Unión Europea acaba de hacer públicas las órdenes de recuperación (inexactamente llamadas multas) que deberá exigir la Generalitat Valenciana al Valencia C. F., Hércules y Elche por importes de 20,4, 6,1 y 3,7 millones de euros. (LEE EL COMUNICADO OFICIAL AQUÍ) 

* ¿Por qué se produce esta situación?

Se trata de que la Unión Europea y la Comisión del Mercado de la Competencia entiende que el Estado Español (la Generalitat Valenciana) favoreció a estos equipos de fútbol ayudándoles a obtener créditos con condiciones más baratas que las que hubiese podido tener cualquier otra empresa. Recordemos que son Sociedades Anónimas Deportivas.

Es decir, estas empresas compitieron en la Unión Europea contra otras empresas en desigualdad de condiciones. ¿Cuál fue la ventaja que tuvieron los clubes?

Poniendo por ejemplo el caso del Valencia C. F., que ha recibido el mayor impacto económico, se trata de que el banco público de la Generalitat (el Instituto Valenciano de Finanzas) concedió un aval bancario de altísimo riesgo a una Fundación (la Fundacion VCF) que no tenía patrimonio y que difícilmente iba a poder obtener ingresos para pagar el crédito de 75 millones de euros con el que compró el sobrante de la ampliación de capital del VCF (se hizo de 92, de los que 18 los suscribió el pequeño accionista y 74 la Fundación).

Y la clave de la cuestión es la comisión que el IVF cobró a la Fundación: el 0,5%. Entiende la UE que es un tipo de interés bajísimo dado el riesgo que tenía la operación. Es decir, el Banco Público de la Generalitat debió cobrar anualmente entre un 5 y un 6% de comisión anual.

De hecho, los informes técnicos que había de los funcionarios del IVF desaconsejaban conceder ese aval, que finalmente se elevó a la comisión de riesgos y con una decisión de “superior rango” se concedió. Es decir, hubo una intervención directa política para avalar desde la Generalitat a la Fundación del VCF, para que la entonces Bancaja (ahora Bankia) concediera un préstamo de 75 millones de euros para que comprara todo el sobrante de la ampliación de capital (74 millones) y que ese dinero le entrara a la caja del VCF.

* ¿De donde sale la cifra de 20,4 millones de euros?

A falta de la lectura del texto definitivo, la Generalitat interpreta que esa cantidad sale de obtener el diferencial del 0,5 % que se cobró al 5-6% que se debía haber cobrado a precio de mercado.

Un diferencial de unos 5 puntos % que a cualquier empresa que no fuera del sector beneficiado del fútbol le hubiese supuesto.

Un 5,5% desde agosto de 2009 hasta octubre de 2014 que se canceló el aval suponen aproximadamente esos 20,4 millones que la Fundación debería haber pagado por esa operación. Y ello al margen de los intereses que 'lógicamente' la Fundación tenía que pagar (que no pagaba por cierto) a Bancaja (luego Bankia), que eran del 6 % anual a tipo fijo.

El crédito de 75 millones primero y luego de 81 debía pagarse al 6% anual a Bankia, con los cuatro primeros años (2010 a 2013) de carencia de amortización y los últimos 2 años (2014 y 2015) amortización más intereses.

* ¿Quién es el 'sancionado'?

La Unión Europea a quien reprende legalmente es al Gobierno de España y por delegación de competencias al Gobierno Autonómico que fue quien ejecutó la decisión.

O sea, a efectos de la Comisión Europea quien obró mal es la Generalitat y el IVF y quien se benefició de dicha decisión fue el Valencia C. F.

La Unión Europea le ordena a la Generalitat que se cobre o recupere esos 20,4 millones de euros que al Valencia C. F. le habría costado obtener ese aval a precio de mercado y no al precio de “favor político” que lo obtuvo.

* ¿A quién se lo debe reclamar la Generalitat: a la Fundacion o al Valencia C. F.?

La Unión Europea entiende que la Fundación y el Valencia C. F. son lo mismo y que la Fundación fue una pantalla para obtener financiación.

Jurídicamente la Fundación y el Valencia C. F. son (o eran) entes distintos y realmente a quien avaló el IVF (Generalitat) fue a la Fundación y no al club.

Técnicamente el Valencia C.F. hizo una ampliación de capital perfectamente legal. En eso no se mete la UE.

La ampliación fue por 92 millones de los que 18 fueron suscritos por pequeños accionistas y el sobrante se lo adjudicó o lo compró la Fundación (70,06%) con ese préstamo avalado por la Generalitat con una comisión de sólo el 0,5 %, que para la Unión Europea está fuera de mercado. Y para los propios técnicos “no políticos" del IVF entrañaba un riesgo que desaconsejaba conceder el aval y en caso de darlo nunca a un tipo tan barato que se puede cobrar a empresas de toda solvencia cuando el banco público concede un crédito o un aval.

De hecho, la Fundación no pudo pagar las cuotas sólo de intereses de los años 2010, 2011 y 2012 y, es por ello, que Bankia ejecutó y cobró a la Generalitat 4,8 más 4,2 más 1,2 de intereses. Luego, en la venta del club a Peter Lim, la Generalitat recuperó ese dinero.

* ¿A quién le va a reclamar la Generalitat el dinero?

Realmente, el dinero a que se refiere la UE (20,4 millones) no ha salido de la Generalitat. Lo que ha ocurrido es que no ha entrado. Es decir, el banco público debió cobrar ese dinero a la Fundación para concederle el aval. La UE señala al club y no a la Fundación porque es el club el destinatario final del dinero y el que lo disfrutó. La Generalitat va a tratar de recuperar ese dinero reclamándoselo al Valencia C. F.

* ¿Aceptará el Valencia C. F. pagar ese dinero?

Ésta es una duda legal importante. La UE habla en su resolución de los clubes (nunca de la Fundaciones, ni de la del Elche, ni Hercules...).

Peter Lim, cuando compró el 70,06% del Valencia C. F. por 100 millones de euros, 94 de ellos fueron destinados a pagar el crédito completo a Bankia que iba ya por 81 millones de euros, más el dinero que había tenido que pagar la Generalitat, como avalista, de cuotas impagadas por la Fundación a Bankia.

Y los otros 6 millones de euros eran para actividades de la Fundación. Pero sólo abonó 1 millón que luego fue para pagarle a la consultora PricewaterhouseCoopers, que precisamente fue la que eligió a Lim como la mejor oferta de todas.

Los otros 5 millones los dejó Lim retenidos para pagar la posible "multa” de la UE que ahora resulta que son 20,4 millones, o sea 15,4 más de lo que los abogados de Lim previeron.

* ¿Quién los va a pagar?

Desde luego la Fundación no, porque no tiene dinero. El club puede pagarlos; lo que supone otro gasto más. Y Lim no tiene obligación de pagarlos porque nada de esto se recogió en el contrato de venta que redactaron Amadeo Salvo (presidente del VCF) y Aurelio Martínez (presidente de la Fundación), más allá de esos 5 millones citados.

* ¿Se puede negar el Valencia C. F. a pagarlos?

Entiende la Generalitat Valenciana que no se puede ir contra una decisión de la Unión Europea que ordena a la Generalitat a recuperar ese dinero, por haber hecho mal en “hacerle un favor político al Valencia C. F.”.

* ¿Se puede recurrir la decisión?

Le correspondería hacerlo a la Generalitat en todo caso. Por las informaciones que maneja la Cadena SER, los actuales dirigentes no tienen intención de recurrir sino de “recuperar" los 20,4 millones.

* ¿Dónde está el origen de todo esto?

Todo comienza en el verano de 2009, tras la estafa de Dalport, con el VCF a punto de irse a suspensión de pagos. La Generalitat con Camps, con mayoría absoluta entonces, le hace un favor político al VCF para que le entren 74 millones sobrantes de la ampliación de capital. Y esto cuando ya le había hecho otro favor con la recalificación de Porchinos cuatro años antes. Todo parte de la voluntad política de ayudar al Valencia C. F. que era una decisión “popular". ¿ Quién iba a criticar entonces ayudar al VCF a no desaparecer?

Aquellos 92 millones de euros que entraron entonces en el club evitaron el concurso de acreedores del Valencia C. F. Era junio de 2009, el Valencia C. F. tenía una deuda de 552 millones de euros, el accionista mayoritario era Juan Soler, el presidente era Vicente Soriano, con las acciones compradas y no pagadas a Soler, y Bancaja aceptó prestar ese dinero a la Fundación VCF, con el aval de la Generalitat, y forzó la entrada de Llorente (que estaba presidiendo el Valencia Basket) para que volviera como presidente del VCF. Llorente llevaba fuera del fútbol tres años: desde mayo de 2006, cuando lo destituyó Soler. Bancaja también forzó a Soler para que votara a favor de la ampliación de capital y se diluyera su peso accionarial pasando de un 37% a un 3,7%.

La Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, realmente tuvo la voluntad de hacerle un favor político al Valencia C. F. que estaba a un paso de presentar concurso acreedores con esa deuda monstruosa que había quedado de la gestión de Juan Soler y de la no concreción de los milagros que iba a traer Vicente Soriano (ni venta de solar de Mestalla, ni la estafa de Dalport).

A Bancaja tampoco le venia bien que el club fuese a concurso de acreedores porque, para cobrarse el crédito que tenia concedido al Valencia C. F. de 200 millones de euros, hubiese tenido que embargar el solar recalificado del estadio, con lo impopular que ello es.

Así que Camps y Olivas, con el entonces conseller Gerardo Camps, 'inventaron' para ayudar al Valencia C. F., que se iba a la quiebra, esta operación para que al club le entraran en total una liquidez de 92 millones de euros.

Entre 2009 y 2013, con Llorente en la presidencia, el VCF redujo su deuda en 200 millones de euros, gracias a esos 92 de la ampliación de capital y al diferencial entre ventas y compras de jugadores.

En junio de 2013, dimitió Llorente y entraron Salvo y Aurelio en el VCF y en la Fundación. Entraron porque presentaron un plan a la Generalitat Valenciana para salvar la “asistencia financiera" ilegal. Es decir, el club no podía enviarle dinero a la Fundación para que pagara las cuotas a Bankia del préstamo con el que había comprado por 74 millones el 70% de la ampliación de capital. Nunca encontraron la salida a ese problema y Bankia se hartó de no cobrar ni de la Fundación el crédito de 81 millones, ni del club el crédito de 200+25 millones que tenia concedido.

Se produjo el cambio de gestores en la cúpula de Bankia (se marcharon Rato y Olivas) y entró Goirigolzarri, que forzó la venta del paquete mayoritario de acciones de la Fundación para poderse cobrar. Y ahí ya empezó el proceso de venta dirigido por Salvo principalmente con la aquiescencia de Aurelio Martínez.

Es más, este favor político al Valencia C. F. hizo que Camps y la Generalitat luego tuvieran que hacer los mismos favores con otras cantidades a través de sus Fundaciones al Elche (14), Hércules (18) y Levante U. D. (5,6).

Al Levante no le ha pillado el problema porque cuando esto sucedió estaba en 2ª División y no podía competir en Europa.

Al final, fueron operaciones para que le entrara dinero fresco a los clubes, comprando las acciones Fundaciones no solventes, con préstamos obtenidos por avales de la Generalitat con la esperanza a futuro de “ya veremos cómo articulamos para que luego las Fundaciones le vayan vendiendo poco a poco las acciones a empresarios de las ciudades".

* ¿Y los otros equipos valencianos?

Apliquen la misma lógica al Elche y Hércules.

En el caso del Elche, la comisión del aval por ejemplo era del 1% sobre un principal de 14 millones y 18 en el Hércules.

En el caso del Elche, el IVF tiene una oferta vinculante de un fondo de inversión extranjero que devuelve a la Generalitat los 14 millones a cambio del 64% de las acciones y que se hace cargo de la multa de 3,7 millones de euros.

En el caso del Hércules, la Generalitat ya ha tenido que embargar la propiedad del Estadio Rico Pérez. Y ahora ya veremos cómo puede la Generalitat recuperar los 6,7 millones que le ordena que obtenga del Hércules.

El Elche puede tener viabilidad perfectamente porque hay compradores, pero el Hércules tiene 'nubarrones' muy grandes sobre su futuro.