El Gobierno considera inconstitucional la aprobación de dos artículos de la Ley de Transexualidad vigente en Madrid

Madrid

Choque entre administración central y regional por la Ley de Transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de marzo: el ejecutivo de Mariano Rajoy considera que el gobierno de Cristina Cifuentes se extralimitó en sus funciones a la hora de aprobar dos artículos, y ha sido convocada la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones, paso previo en caso de no haber acuerdo a acudir al Tribunal Constitucional en caso de persistir la discrepancia. 

Los artículos en los que existen "discrepancias", tal y como explica la resolución de esta Comisión, son el 7 y el 48: el primero contempla expedir documentos y acreditaciones "acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos". El segundo establece la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima en casos de supuesta discriminación por razón de género en procesos que dependan de la Comunidad, nunca en procesos judiciales o administrativos. 

La puesta en marcha de esta Comisión Bilateral es una previsión contenida en la normativa que rige el Tribunal Constitucional: puede ser convocada como paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad tanto por parte del ejecutivo regional como por uno regional, para intentar alcanzar un acuerdo y modificar la norma denunciada sin necesidad de acudir al tribunal de garantías. Si el grupo de trabajo designado llega a una solución, ésta será comunicada igualmente al Tribunal Constitucional.

La Comisión Bilateral se forma, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, "con la finalidad de evitar la interposición del recurso". Por parte del gobierno central estará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por parte del regional la Consejería de Presidencia. 

Primera ley sin el PP en veinte años

La Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, fue la primera en veinte años propuesta por el PP y tumbada por los grupos de la oposición. Después de que la oposición tumbase el proyecto propuesto por el equipo de Cifuentes, la norma salió adelante con 78 votos a favor de la oposición y 48 abstenciones de los 'populares', acusando al resto de grupos  de hacer "un cordón social que nos ha aislado" en el proceso. Su proposición había sido igualmente denegada por la cámara en noviembre del  año pasado. 

Carla Antonelli (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) critican la posición del ejecutivo central: 

La aprobación de la norma también hizo surgir la polémica en el mundo de la religión: los obispos de Getafe y Alcalá de Henares, que aseguraron pocos días después que la identidad de género es "una expresión ideológica" y no un derecho.