"Hay una situación de desamparo de la vivienda protegida en la Comunidad"
Es el veredicto al que llega Beatriz Gómez, de la Asociación Las 1.000 de Tres Cantos
Aseguran que casos como el de Torrejón se darán en toda la Comunidad
Cadena SER
Madrid
En 2013 el gobierno regional aprobó un Decreto por el cual se permitía la venta de vivienda pública a empresas y fondos de inversión. Una ley que provocó la venta meses después de inmuebles a empresas como Fidere.
Estos inmuebles estaban incluídos en planes de vivienda regionales como el Plan Joven. Unos proyectos con los que la Comunidad buscaba potenciar el alquiler con opción a compra, a través de promociones públicas y también privadas.
Como les ha contado la Cadena SER, el contrato de alquiler con opción a compra de una promoción privada de Torrejón de Ardoz finaliza en los próximos días y el fondo buitre que adquirió las viviendas ha cambiado las condiciones de la opción de compra.
Algo que ocurrirá próximamente en toda la región cuando los contratos vayan expirando. Tal y como denuncia la Asociación de Afectados por el IVIMA y comunidades de afectados como la Asociación las 1000 de Tres Cantos, la legislación permite esos cambios de condición.
Cuando a finales de la década pasada se firmaron estas promociones, se estableció un valor para cada inmueble. A esa calificación se le debe aplicar el coeficiente de actualización, que fue incluído en la ley ya que se pensaba que el valor de los pisos subiría.
La burbuja inmobiliaria explotó y el precio de la vivienda libre se desmoronó, pero el coeficiente firmado sigue estando ahí. En 2013, la Comunidad aprobó que se podría multiplicar la calificación inicial por un coeficiente máximo de 1.5 para los inmuebles cuyo contrato expirase.
Sin embargo, las empresas ahora propietarias de esas casas aplican un 2% de coeficiente, amparándose en que a ellos les afecta la ley de 2005 que establece ese tope y que era la que regía cuando salieron las promociones.
Pero la firma no se produjo hasta 2009, cuando la Ley cambió y se estableció ese 1.5%, algo que así reclaman los afectados. Los fondos se defienden argumentando que la ley de 2013 les permite aumentar ese coeficiente hasta el 2%, justificándolo como gastos.
Esto provoca casos como el de Beatriz Gómez, presidenta de la Asociación de Las 1000 de Nuevo Tres Cantos. Denuncia que en su promoción "se estableció un valor de 120.000 euros a los inmuebles, si aplican el 1,5 se queda en 180.000, pero si aplican el 2 como tienen pensado, costaría 220.000 euros".
De este modo, el coeficiente provoca que a pesar de que el precio de los pisos libres haya caído, el valor de la vivienda oficial en alquiler con opción a compra suba. "La legislación desampara a la gente que se había metido en vivienda oficial", denuncia Beatriz Gómez.
Además, la legislación establece que los fondos que adquieran los pisos no podrán cambiar los derechos y obligaciones de los inquilinos. Algo que sí ha ocurrido.
Por ejemplo, en el Plan Joven de Vivienda se establecía que los inquilinos podrían comprar sus casas, para beneficiarse de un coeficiente menor. Esa venta solo necesitaba el deseo del comprador. Sin embargo, ahora el acuerdo debe ser mutuo y si el fondo propietario no quiere vender, no se vende.
La administración regional se defiende con la ley en la mano diciendo que todo es legal y que esas condiciones eran así cuando se firmaron a finales de la década pasada.
Añaden que en muchos de los casos, la vivienda no era de propiedad pública el IVIMA, si no que era privada y se incluyó en el Plan de Vivienda Joven solamente para potenciar su alquiler a este sector de población.
