Los ingenieros técnicos denuncian que la CARM les impide acceder a plazas convocadas por la administración

Murcia

Los representantes regionales de las Ingenierías técnicas de la rama Industrial, Agrícola, Minas, Civil y Telecomunicaciones aseguran que el Gobierno murciano incumple el Estatuto Básico del Empleado público al "impedir que los Graduados en Ingeniería accedan a las plazas convocadas por la administración del grupo A1", según informaron fuentes de Fidedigno en un comunicado.

Los representantes de los colegios se ven avalados en su denuncia pública por una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la capacidad de los Graduados en Ingeniería para acceder a las plazas convocadas por la administración del grupo A1, tal y como está reflejado en el Estatuto Básico del Empleado público, según las mismas fuentes.

A día de hoy, "ni el Estatuto ni la sentencia se están cumpliendo por parte de algunas administraciones y en particular por la Región de Murcia", según los denunciantes. A su juicio, debe implantarse para mantener los criterios del resto de países que conforman la Unión Europea.

Los colegios profesionales de ingenierías técnicas y grados piden que se cumplan los criterios de Bolonia, similares a los que imperan en el resto del ámbito internacional. Esta evolución "ha de pasar también indefectiblemente por aplicar los criterios de capacidad técnica de los profesionales y un sistema de atribuciones basadas en las mismas".

"Deben descartarse criterios de uso o titulación, por lo que debe hacerse especial hincapié en el desarrollo profesional continuo (experiencia y formación) como argumento justo para la competitividad de los ingenieros", añaden.

Los colegios profesionales representantes de las ingenierías técnicas industriales se comprometieron a trabajar juntos en todas las iniciativas que potencien la calidad, seguridad y garantía de los profesionales a los que representan.

Para los colegios es importante profundizar en las medidas de simplificación administrativa, eliminación de cargas burocráticas y agilización de trámites, pero siempre y cuando vayan acompañadas de las obligatorias garantías para el ciudadano y los profesionales.

En este sentido señalan que ambas cosas no solo son compatibles sino que son necesarias. Los representantes de estos colectivos profesionales manifiestan que no se debe confundir liberalización con libertinaje, lo que podría conllevar a producir los efectos contrarios a los que se persiguen.

En otro orden de cosas, se acordó mostrar el apoyo de estos colectivos al Gobierno de la Región de Murcia en el Desarrollo de las grandes Infraestructuras, así como en los pilares básicos de la Comunidad como son la demanda del agua y la defensa de los regadíos, el turismo y el sector industrial.