El CES propone a la Junta facilitar las consultas populares

Sevilla

El Consejo Económico y Social de Andalucía propone al gobierno andaluz que rebaje las exigencias para convocar consultas populares previstas en la nueva ley de participación ciudadana, que prevé exigir 40 mil firmas de quienes tengan derecho a participar según el tipo de consulta para su celebración.

Según ha sabido la SER, en su dictamen al anteproyecto que le ha remitido la consejería de Igualdad, este órgano consultivo advierte de que estos requisitos son excesivamente altos.

Las consultas populares son la medida estrella de la ley de participación ciudadana, prometida por el gobierno desde el año 2012. En 2014 hubo un anteproyecto que redactó la consejería que dirigía el ex vicepresidente de Izquierda Unida, Diego Valderas, pero la ruptura del pacto con el PSOE y la convocatoria de elecciones hizo decaer esta iniciativa legislativa.

Los socialistas volvieron a prometerla en campaña y el gobierno andaluz ha elaborado un nuevo anteproyecto para su aprobación el próximo curso. El texto lo ha remitido al Consejo Económico y Social, que advierte de que el requisito fijado para su celebración es excesivamente alto. Se requieren 40 mil firmasy sólo de quienes puedan participar en ella -personas de más de 16 años que tengan interés directo en el tema objeto de la consulta. El CES propone al gobierno de Susana Díaz que rebaje este requisito, y recuerda que el borrador inicial que redactó el equipo de Valderas en marzo de 2014 fijaba 30 mil firmas válidas de cualquier ciudadano, aunque en la negociación con el PSOE se elevó a estas 40 mil.

Desde Izquierda Unida apoyan el argumento del CES. Manuela Fernández, que dirigió la elaboración de la primera ley y asesora al grupo parlamentario de Izquierda Unida, comparte el planteamiento del CES: "Si se rebaja el número de firmas y se facilita la participación de la ciudadanos, estamos de acuerdo".

El nuevo anteproyecto del gobierno andaluz también recoge que las consultas no serán vinculantes y no podrán plantearse sobre cuestiones referidas a la organización institucional de la comunidad o los ayuntamientos o a sus haciendas públicas.

Según fuentes de la consejería de Igualdad, responsable del anteproyecto, el texto debe pasar ahora por el consejo consultivo y tomarán nota de sus dictámenes antes que sea aprobado por el consejo de Gobierno.